Ayer presentamos en el Palacio Macaya de Barcelona con D. Tomás Muniesa, consejero delegado de Vidacaixa y D. Jaime Lanaspa, el estudio que hemos elaborado desde el Centro de Investigación ICWF del IESE, con Esther Jiménez y Marc Grau, sobre el impacto del sistema de pensiones en la mujer en España.
Nuestro estudio pone en evidencia que las mujeres tienen un mayor riesgo de pobreza durante la jubilación, ya que su pensión es de media un 38% inferior a la de los hombres.
La menor participación de las mujeres en el mercado laboral por entrar más tarde en él y tomar excedencias y tiempos parciales para el cuidado de dependientes provoca que el sistema público de pensiones perpetúe y amplíe la brecha salarial entre sexos.
Los hombres mayores de 64 años han trabajado una media de 43,4 años, mientras que las mujeres de esa franja de edad sólo lo han hecho un promedio de 12,8 años, la cifra más baja de Europa.
El actual sistema garantiza los mismos derechos entre sexos desde un punto de vista técnico, pero no tiene en cuenta las responsabilidades en el ámbito familiar. Premia a quienes no han interrumpido su trayectoria profesional para atender a sus familias y penaliza a los que abandonan sus trabajos para atender a sus familias, siendo la mayoría mujeres.
El sistema de pensiones debería replantearse para garantizar su sostenibilidad y dar respuesta a la vulnerabilidad de las mujeres. Además, debería tener en cuenta el trabajo de las mujeres en el ámbito familiar a través de desgravaciones y ventajas como aportar la cotización de las mujeres en caso de excedencia o computar como cotizado el tiempo dedicado a los hijos menores de 12 años o dependientes.
La esperanza de vida aumenta, siendo más longevas las mujeres, y la tasa del natalidad de 1,4 hijos por mujer está muy por debajo de los 2,1 hijos por mujer, la tasa de reposición necesaria para ser sostenibles como sociedad. Si todo sigue igual, en 2051 pasaremos de 8 millones a 15 millones de jubilados y la tasa de dependencia será igual a uno, es decir, que habrá un sólo cotizante por cada receptor de prestación por jubilación. Se deberían, pues, impulsar medidas de fomento de la natalidad en la línea de conciliar la vida laboral y familiar, racionalizar los horarios y utilizar la perspectiva de familia para desgravar algunos gastos domésticos si se invierten en productos financieros para una futura pensión.
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Tras la rueda de Prensa en el Palau Macaya
Debido a las dificultades para mantener la sostenibilidad del actual sistema de pensiones, se debería informar y formar a la población en una cultura del ahorro, siendo conscientes de que “el Estado no puede llegar a todo”. En España la cultura del ahorro es mucho menor a la del resto de nuestros vecinos europeos y el 80 por ciento ha sido en vivienda. Los beneficios de un plan de pensiones privado no deberían ser subestimados y se podría fomentar en las empresas y desde las Administraciones Públicas como ocurre en otros países europeos.