Este sábado, el Ayuntamiento de Córdoba (gobernado por el PSOE con el apoyo de IU y Podemos) ha dado a conocer un informe de su comisión de «expertos» que ha dictaminado que la catedral de Córdoba «nunca» fue propiedad de la Iglesia. Los expertos son Federico Mayor Zaragoza, de 84 años, doctor en Farmacia y ex director general de la Unesco; Carmen Calvo, vicepresidenta del Gobierno de Pedro Sánchez, de quien suele recordarse, en lo relativo a las propiedades públicas, su frase de que «el dinero público no es de nadie»; y los historiadores Juan Bautista Carpio (candidato socialista en Pozoblanco, Córdoba) y Alejandro García Sanjuán, que es contrario al concepto de Reconquista porque cree que está asociado «a una determinada ideología».
«El clero ha tenido la posesión, pero no se comprueba la propiedad», dice el informe, como si (de ser así) una posesión pacíficamente disfrutada a lo largo de ocho siglos (usucapión o prescripción adquisitiva) no fuese ya un título de propiedad, así reconocido por el Código Civil español.
Esta ofensiva ideológica y crematística de grupos laicistas para que la Administración despoje a la Iglesia de algo que es suyo, la catedral de Córdoba, tiene unas razones muy concretas que explicó hace algunas semanas José Juan Jiménez Güeto, canónigo del templo, en una entrevista de La Contra TV.
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