ENTREVISTA A CÉSAR NOMBELA, RECTOR DE LA UIMP.
Página divital.¿Qué valoración le merece la última reforma universitaria del Gobierno?
Es un primer paso. Yo vengo abogando por una nueva ley universitaria, que reforme el ejercicio de la gobernanza; para que la autonomía no sea autogestión sino capacidad de organizar la universidad de forma competente y responsable, con rendición de cuentas; que reforme la selección del profesorado, para dar opción a un acceso basado en la capacidad, la competencia y las necesidades de cada centro, al tiempo que fomente la movilidad; y que permita a las instituciones de educación superior organizar de forma creativa los estudios y la investigación. A falta de una ley de nueva planta, creo que esta reforma está bien. Faculta a las universidades para organizar las enseñanzas con un margen más de amplio de iniciativa, no impone cambios de forma inmediata, sino que los remite a la autonomía de los centros y, sobre todo, posibilita un modelo de organización de grado y postgrado que fue reclamado por los propios rectores en 2006.
Se ha criticado que la fórmula 3+2 encarece la formación universitaria. ¿Es cierto?
No tiene por qué ser así. Los costes de la enseñanza universitaria reclaman hace tiempo una reforma, que nadie se atreve a implementar. Hay que tener en cuenta que el estudiante paga unas tasas que cubren no más del 20-25% del coste de los estudios. Todo ello independientemente de su capacidad económica, lo que carece de sentido. Con el sistema de 3+2 se abarata el coste del grado, por su menor duración, y se encarece el coste del máster, por su duración mayor. Como no todos los que cursen grados de tres años accederán al máster, habrá de todo en cuanto a los costes con el sistema actual. Pero de lo que no cabe duda es de que esta estructura de costes y de precios públicos de la enseñanza es puramente política; organizada de otra manera, las repercusiones serían distintas.
¿Tienen suficiente margen las universidades ante esta reforma?
El margen es total, por eso le veo poco sentido a que la mayoría de los rectores pidan una moratoria y pretendan una observancia absoluta. En primer lugar porque en la universidades públicas prevalece el acuerdo de la Junta de Gobierno, que el rector preside desde luego, pero a la que no puede imponerse aunque quisiera. Además, en cualquier caso el decreto remite a la autonomía de la universidad, para decidir si aplica y cuándo y en qué grados se implementa el nuevo sistema. La moratoria, por ello, es compatible con el decreto, aunque no suponga otra cosa que pretender que se aplace el ejercicio de la autonomía en este punto.
¿Qué ha faltado en la política del Gobierno hacia la universidad?
Hace falta una nueva ley. El sistema actual está superado. Nuestra universidad sigue siendo heterogénea, con sectores mejores o peores, por eso es tan nefasta la pretensión de igualar a todos. Hay muchos profesores y grupos en la universidad española con alta preparación y capacidad competitiva. Sin embargo, el sistema de organización y gobierno no permite priorizar lo que la universidad necesita, sino que los intereses internos con frecuencia condicionan las políticas. Así ocurre en dotación de plazas de profesorado, promociones, etc. Vengo postulando que, con otra organización, nuestra universidad alcanzará mayores cotas de calidad y rendimiento. También en cuanto a una deseable especialización. Siempre me ha llamado la atención que, desde que la LRU que aprobó el gobierno socialista en 1983, para aparentemente materializar la autonomía de la universidad, gobiernos posteriores, de uno y otro signo, han residenciado fuera de la universidad proyectos científicos de gran envergadura y que tendrían en la universidad su asiento natural. Es el caso, por ejemplo, de centros de élite de investigación con una magnífica dotación de recursos, como son los centros de investigación biomédica. A la universidad se le ha dejado aparentemente hacer lo que quiera, pero con esta organización no se le ha dado la confianza para organizar lo más avanzado en investigación y desarrollo científico. El documento elaborado por los expertos nombrados por el ministro Wert aporta propuestas a mi juicio muy válidas para la reforma.
