A lo largo de los últimos años se han sucedido hasta cuatro «investigaciones» sobre los abusos sexuales a menores en España. Ninguna de ellas ha contado con suficiente credibilidad y minuciosidad, pero son suficientes para valorar el alcance de este fenómeno en el país.
Esta mañana el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha comparecido en el Congreso de los Diputados ante la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo para presentar en sede parlamentaria el “Informe sobre abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica”.
A casi todo el mundo le ha cogido por sorpresa esta reunión, pues fue hace un año, concretamente el pasado 27 de octubre de 2023 cuando Gabilondo y Francina Armengol, presidente del Congreso de los Diputados, escenificaran la entrega del informe con una puesta en escena por todo lo alto.
A nadie se le escapa el uso político e ideológico que están haciendo algunos partidos y medios de comunicación de los abusos cometidos por miembros de la Iglesia. Mientras se fustiga sin cesar a las instituciones cristianas, se desatiende casi por completo la protección de menores en otros ámbitos.
Datos para el contexto
Situemos algunos puntos que conviene tener presentes para valorar el alcance de los abusos sexuales a menores en España:
1. El quinto informe presentado por El País sobre los abusos en España el pasado mes de mayo, el porcentaje de eclesiásticos acusados supone un 1,3% del total del clero. Es un dato muy significativo, pues en las investigaciones llevadas a cabo en el resto de países ese porcentaje ha estado siempre entre el 4% y el 7%.
Precisamente como los datos de España estaban muy lejos de los del resto de países, Gabilondo dejó caer en la rueda de prensa de presentación del informe que una encuesta telefónica decía que el 1,13% de los encuestados aseguraba haber sufrido una agresión en el ámbito religioso. Si esa cifra fuera cierta habría en España 440.000 víctimas, lo que significaría que cada sacerdote o religioso español sin excepción alguna habría tenido que abusar de varias víctimas.
Sin embargo, la constante aparición de los abusos eclesiales en la prensa hace pensar que lo acaecido en España es igual o mayor que lo sucedido en otros lugares. Ahora bien, también podría enfocarse el tema de otra forma y preguntarse por qué los clérigos españoles han abusado dos tercios menos que los de cualquier otro país.
Fiscalía General del Estado
2. Es innegable que en España ha habido abusos y encubrimiento por parte de la Iglesia, pero también lo es que, según los últimos datos disponibles, sólo el 0,45% de las denuncias de abusos sexuales actuales a menores pertenecen al ámbito de la Iglesia (y eso que el dato incluye a laicos y religiosos que trabajan en ámbitos educativos y catequéticos). ¿Y quién ofrece este dato? Pues nada más y nada menos que la Fiscalía General del Estado: de los 15.000 casos abiertos en 2022, solo 68 pertenecen al ámbito de la Iglesia.
Confianza en la Iglesia
3. A pesar de que el mantra de los abusos no para de acaparar titulares y prime time televisivo, la Iglesia católica sigue generando una enorme confianza entre los padres, como muestra el hecho de que hay 2.500 colegios católicos en España. En ellos se educan 1,5 millones de niños y adolescentes y serían mucho más si el estado no tratara de ahogar financieramente a los centros concertados ofreciéndoles un 25% menos de financiación que a los centros públicos.
Políticos
4. A gran parte de la prensa y de los políticos no parece que les importen las víctimas realmente, pues solo están interesados en que se investiguen los abusos en el ámbito eclesial, olvidándose del 99,5% de los casos. Y es que no hay que olvidar que el parlamento español encargó al Defensor del Pueblo una investigación sobre abusos en la Iglesia, pero votó en contra de ampliarla a otros ámbitos, lo que no deja de ser una vergüenza para la democracia. El silencio de El País sobre este punto, refleja claramente el poco interés qué tiene por las víctimas de abusos y el gran empeño que tiene en denigrar a la Iglesia.
El caso del parlamento español no es la única dejación de funciones que hemos visto en nuestro país. La ocultación de la pederastia por parte de los partidos políticos parece ser habitual. Fueron los votos del PSOE, Podemos y Compromís los que impidieron que se investigaran los abusos a una menor en un centro de la Consejería de la Generalitat Valenciana en 2020. ¿La razón? El acusado era nada más y nada menos que el marido de Mónica Oltra, vicepresidenta del gobierno valenciano.
También fueron los gobiernos del PSOE, Més y Unidas Podemos los que votaron en contra de la creación de una comisión para investigar la explotación sexual de dos niñas tuteladas por el Consell de Menorca. Por si esto fuera poco, la actual presidenta del Parlamento español, Francina Armengol, fue la responsable de torpedear este proceso. Más adelante el PSOE impidió que el Parlamento Europeo investigara el asunto por su cuenta.
