El Confidencial autonómico.3/10/2013.-El decreto sobre patrimonio agrario en el que están trabajando los socios de gobierno del PSOE en Andalucía incluye algunas medidas que pueden llevar el texto legal a los tribunales. En IU apuestan por aprobar el decreto antes de 2014, pero todavía tienen que negociarlo con la presidenta, Susana Díaz.
El documento de trabajo de este decreto, al que ha tenido acceso El Confidencial Autonómico, contiene las líneas maestras de Izquierda Unida respecto a la política agraria. Incluye una medida para expropiar las fincas que lleven dos años sin albergar ningún cultivo.
La principal preocupación de la consejería de Agricultura, dirigida por Elena Víboras, es que no ha participado en la elaboración de ese primer texto, aún provisional. El borrador que va a recibir el Ejecutivo socialista ha sido elaborado por IU en colaboración con sindicatos agrarios.
Según ha podido saber este confidencial, la duda que planea por el gabinete de Víboras es que ocurra algo similar con este decreto a lo sucedido con la llamada ‘Ley antidesahucios’. Este texto avalaba que la Junta pudiera expropiar a los bancos las viviendas de familias que estuviesen a punto de ser desalojadas.
La letra pequeña del decreto
Tal y como detalla el texto, aún en fase de borrador, el objetivo de esta enajenación es que haya desempleados que puedan explotar dichos terrenos en una vertiente agraria, ganadera o forestal. Para sufragar los gastos, se prevé destinar una partida presupuestaria cercana al 0,4%.
Las cifras que manejan en IU sobre los terrenos que podrían acabar siendo objeto de la aplicación del decreto está en torno a las 10.000 hectáreas. Con la ejecución del plan pretenden elaborar una estrategia contra el latifundismo tradicional.
No sólo se expropiarían las tierras sin cultivar; si se detecta que están infrautilizadas o que desaprovechan los recursos, la Junta también podrá proceder a su embargo. La cesión a los parados ser haría de forma gratuita, bien a través de los Ayuntamientos o en contacto directo con cooperativas.
La explotación de las tierras estaría sujeta a una serie de criterios de sostenibilidad y respeto al medio ambiente. Los beneficios de la actividad agraria servirían para pagar los salarios y la distribución en pequeños mercados de los productos. Además, tendrían un plazo de cinco años para conseguir la certificación de productores de agricultura ecológica.