Los españoles estamos nerviosos ante lo que, decimos, es una agresión a nuestros derechos básicos, representados por el estado del bienestar. Bueno, como actitud defensiva me parece bien, pero en la situación actual de crisis económica esos derechos dejan mucho que desear. Nos los anunciaron, nos los hemos creído, pero no nos explicaron cómo se iban a financiar. Y ahora resulta que no hay dinero para todo. Leí ayer un artículo en que alguien criticaba a las políticas neoliberales por ese atropello de nuestros derechos. Bien, metamos en la cárcel a todos los neoliberales, pero sigamos buscando quién nos va a financiar nuestras pensiones, nuestra sanidad gratuita, generalizada y de calidad, etc.
Perdón por este comienzo. No pretendía volver a un tema que ya he comentado repetidas veces -el de que somos más pobres y no tenemos dinero para todo. De modo que hemos de elegir. Pero antes de hablar de qué partidas de nuestro estado del bienestar vamos a conservar, me gustaría referirme a algunas consideraciones que, me parece, deben ponerse sobre la mesa, a la hora de tratar cuál es el mejor medio de definir esos derechos.
Una: hemos de empezar a pensar en renunciar a la política consistente en que “todos tenemos derecho a todo”, para empezar a establecer prioridades: habrá gente para la que la escuela deba ser gratuita, y otros que paguen algo, y otros que paguen mucho. Porque esa política de todo gratis para todos no es realista -no es sostenible-, ni justa, ni eficiente -lleva al despilfarro. Las prestaciones no tienen por qué ser uniformes para todos.
Otra idea: gastar más no significa mejor servicio. Debemos recibir ayuda cuando experimentamos una necesidad grave, que no hayamos podido prever o cubrirnos de ella: una temporada en el paro (no hay seguros privados contra esta emergencia), o una enfermedad grave, o el incendio del piso… situaciones todas ellas que pueden lanzar a una familia a la miseria. Esto es lo que hay que cubrir, sobre todo; las aspirinas nos las podemos pagar, al menos la mayoría de ciudadanos. Eso es lo que vieron los que introdujeron el Estado del bienestar en Alemania el siglo XIX, en España el siglo XX. Vale la pena que recordemos todo esto, para hacer el estado del bienestar más sostenible, más eficaz y más justo.
Otra más, esta para las administraciones públicas: lo importante no es lo que la oficina pública X hace para sus beneficiarios, sino lo que estos reciben de todas las oficinas públicas, más las empresas privadas, más las entidades sin ánimo de lucro, más las familias. En frase de Guillem López Casasnovas, a quien ya he citado otras veces, no importa quién lo hace, sino para quién (no es literal, pero me parece que recoge su idea).
