El Estado no es neutral ante la vida humana. Es menester recordar una y otra vez que está obligado a observar y cumplir con el principio general de defensa de la vida, valor supremo recogido en el artículo 10 de la Constitución: la dignidad de la persona como fundamento del orden político y de la paz social, que comprende la defensa de los bienes de personalidad, y entre ellos el de la vida humana.
El gobierno de Pedro Sánchez ha dado el primer paso para la regulación de la Eutanasia como un derecho cubierto por el Sistema Nacional de Salud mientras desoye sectores de la práctica médica que insisten en la urgencia social de la aprobación de una Ley Nacional de Cuidados Paliativos. Ejemplo de ello son las declaraciones del Dr. Javier Rocafort, director médico del Hospital Centro Cuidados Laguna de Madrid, en Diario Médico, donde aportaba los siguientes datos: «Hay sobre 60.000 personas que cada año están sufriendo innecesariamente porque necesitan cuidados paliativos avanzados y no los tienen. Cada día hay unas 150 personas que sufren innecesariamente… Cada diez minutos, una persona fallece en España con sufrimiento”.
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