El malestar de los médicos

La defensa de la sanidad pública frente a un deterioro achacado al afán de privatización ha aglutinado una serie de huelgas y protestas, como la exitosa manifestación en Madrid. El discurso crítico habitual nos repite que el detrimento de la atención en la pública se debe a una política premeditada del gobierno de la Comunidad Autónoma para empujar al paciente hacia el sector sanitario privado. A lo que la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, responde que la protesta organizada instrumentaliza por razones ideológicas los problemas, solo para desgastar a su gobierno. Una réplica poco eficaz, pues si sabes que te van a atacar por ahí, razón de más para cuidar el sector sanitario.

Es cierto que entre los partidos y sindicatos de izquierda abunda la mentalidad de que fuera de lo público no hay salvación, si se quiere garantizar la equidad. Pero los datos del exceso de pacientes que hay que atender y las listas de espera son números que nadie niega, y que abonan el malestar del personal sanitario.

Pero si se buscan explicaciones más allá de la confrontación entre lo público y lo privado, es posible advertir que el problema es más complejo y abierto a los matices.

En primer lugar, al oír a los médicos se advierte que están siendo maltratados en el sector público y en el privado. En el sector privado me refiero a los médicos que no pueden tener una consulta totalmente privada, por lo que dependen de las grandes aseguradoras y cobran una tarifa por paciente atendido.

Desde hace tiempo, estos médicos denuncian que las tarifas que les pagan las aseguradoras son muy bajas y están estancadas (por debajo de 20 euros la primera consulta con especialista y menos de 10 euros para el médico general). Como los médicos de la pública, los de la privada se quejan de que cada vez tienen que atender a más pacientes en menos tiempo, lo que dificulta la calidad de la atención.

Hay que tener en cuenta que ya actualmente más de 11,5 millones de españoles tienen un seguro médico privado, aunque 9,8 millones lo hacen compatible con el público. Esto ya nos indica que no es un privilegio de ricos. Pero las pólizas de bajo coste que ofrecen las aseguradoras para captar más clientes amenazan con crear el mismo problema de masificación y retrasos en la atención que se observa en la pública. Y, a diferencia del médico de la pública, el de la privada no tiene fuerza para negociar con los seguros ni un sueldo garantizado.

Si los médicos de la pública luchan para que no se sobrepase un número razonable de pacientes atendidos por médico, los de la privada lo hacen para que las tarifas de las aseguradoras les permitan lo mismo. Unos y otros se consideran maltratados. Parece mentira que con el tiempo que requiere la formación del personal sanitario y la dedicación que se les exige, después sean tratados con tanta displicencia.

En segundo lugar, también es discutible la explicación estereotipada de que en las Comunidades Autónomas gobernadas por el PP se descuida la sanidad pública, mientras que donde gobierna la izquierda la financiación de la pública está asegurada.

Sin ir más lejos, los médicos catalanes han anunciado una huelga para los días 25 y 26 de enero con el fin de protestar contra las condicionales laborales y retributivas que consideran abusivas. El sindicato Metges de Catalunya ha presentado a los políticos un decálogo de medidas en las que, entre otras peticiones, reclama contratar más personal, mejorar las condiciones laborales y salariales, que los profesionales intervengan en el cambio de modelo organizativo del sistema y un mayor reconocimiento para la atención primaria. Podían enviar una copia a Madrid.

Financiación e ideología

Los datos de gasto sanitario público gestionado por Comunidades Autónomas también diluyen las explicaciones ideológicas sobre la financiación. La media nacional es de 1.701 euros anuales por paciente protegido. Entre los gastos más altos encontramos los del País Vasco (1.920) y Navarra (1.908), por su peculiar sistema de financiación, gobierne quien gobierne. Pero también es comparativamente alto en Comunidades gobernadas por el PP como Castilla y León (1.936) o Murcia (1.810), o por la izquierda, como Asturias (1.913) o Extremadura (1.831).

Está claramente por debajo de la media nacional en Madrid (1.521), pero también hay protestas en Cataluña, que gasta bastante más (1.861). El gasto más bajo se da en Andalucía (1.459), pero así estaba cuando gobernaban los socialistas –lo que contribuyó a su derrota– y con el PP ha mejorado la financiación.

También da la impresión de que es más difícil destinar la financiación adecuada por habitante en Comunidades con crecimiento demográfico (Andalucía, Madrid, Cataluña, Valencia…) que en otras en descenso (Asturias, Castilla y León).

A la vez, es revelador ver cómo se reparte el gasto entre la atención primaria y la atención especializada. En esto es significativo el caso de Madrid, donde el porcentaje de gasto sanitario en atención primaria es el más bajo (10,66% frente al 13,92% de la media nacional) y el más alto de la atención especializada (69,66%). Madrid es “hospitalocéntrica”, y el déficit en atención primaria no es extensible a toda la sanidad pública. Es más, también los médicos responden al mismo patrón y prefieren trabajar en hospitales. Lo difícil es encontrar médicos para la atención primaria, dispuestos permanecer en ella.

Escasez de profesionales

Cualquiera que sea la financiación, el problema del futuro va a ser la escasez de profesionales. Nuestro punto de partida es bueno. España, con 4,58 médicos por 1.000 habitantes, ocupa el tercer puesto mundial, tras Austria y Noruega. En personal de enfermería (5,89 por 1.000) bajamos al puesto al 21.

El problema es que en la próxima década se jubilarán entre 7.000 y 8.000 médicos por año, y su relevo no está garantizado, según los Colegios Médicos y estudios recientes como el del Sindicato Médico de Granada. Lo que faltarán, más que licenciados en Medicina, serán médicos de distintas especialidades, sobre todo para la atención primaria y especialmente en el medio rural. El estudio aboga por que España “necesita, ahora y durante unos años, muchas más plazas MIR, para formar a los licenciados de años anteriores que no han conseguido plaza para formarse”.

No hay que perder de vista que en la contratación de personal sanitario nos enfrentamos hoy a una competencia internacional. Y que cada vez más médicos y enfermeros formados en España optan por irse a trabajar al extranjero, en busca de mejores sueldos y condiciones. Tampoco hay que pensar que en el extranjero tratan con reverencia a las batas blancas. En el Reino Unido, las enfermeras van a hacer huelga el 15 y el 20 de diciembre, una protesta inédita desde la creación del Sistema Nacional de Salud. El salario anual de una enfermera debutante es el equivalente de 31.400 euros. Pero el sindicato se queja de que el salario real ha descendido un 20% desde 2010, lo que se nota de modo especial con la inflación actual.

Según el Royal College of Nurses, faltan 47.000 puestos de enfermería, lo que repercute en la seguridad de los pacientes y prolonga las ya largas listas de espera para el tratamiento en hospitales. Así que las enfermeras españolas que se plantean emigrar al Reino Unido, que preparen su pancarta en inglés.

Aceprensa: El Sonar