Página digital.-Nicolás Jouve de la Barreda.-
Causa perplejidad la postura de los responsables políticos del PSOE ante la esperada reforma de la ley del aborto, más conocida por Ley Aído, tantas veces anunciada por el ministro de Justicia, Sr. Ruiz Gallardón. Señalan que en caso de la derogación de la ley vigente propondrán una reforma de la Carta Magna para garantizar el derecho a abortar de las mujeres.
Paradójicamente, quienes no tuvieron en cuenta ni escucharon a la ciencia, a la medicina, a la sociedad, ni al Tribunal Constitucional en su sentencia 53/1985, se permiten afirmar que el Gobierno de Rajoy «se empeña en legislar de espaldas a la realidad»; que «se trata de reformar una ley que apoya el 80% de la sociedad española, entre ellos católicos y votantes del PP» (¿quién ha hecho esta encuesta?); que «el Gobierno va de la mano de los obispos» (¿dónde está escrito un acuerdo que demuestre esta afirmación?); que debe mantenerse la ley actual, porque tanto el PSOE como diferentes organizaciones de juristas han considerado que «es plenamente constitucional» (el Tribunal Constitucional aun no se ha pronunciado sobre la ley Aído y más bien muchos juristas han dicho lo contrario); y «que garantiza el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo y sobre su maternidad y protege al no nacido (¿es el bebé parte de su cuerpo?).
Toda esta serie de afirmaciones no son más que un conjunto de falsedades carentes de lógica, que tratan de ocultar que la Ley de Educación Sexual y reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, no obedecía a una necesidad social sino a un intento de ingeniería social, consistente en la imposición de la ideología oficial del entonces partido gobernante. Se trataba de sustituir la ley de 1985 por una ley imbuida en la ideología de género y acorde con el feminismo radical, que convertiría el aborto en un derecho de la mujer, dejando de lado el derecho a la vida del no nacido.
Ya que lo que ahora se propone es apuntalar la ley Aído con una reforma de la constitución, habrá que tener en cuenta lo que dijo el Tribunal Constitucional en la sentencia 53/1985, sobre el derecho del no nacido a raíz de un recurso sobre la Ley de 1985. Recuerda el Constitucional que «El art. 15 de la Constitución establece que «todos tienen derecho a la vida»… que ha de concluirse que la vida del nasciturus, en cuanto éste encarna un valor fundamental -la vida humana- garantizado en el art. 15 de la Constitución, constituye un bien jurídico cuya protección encuentra en dicho precepto fundamento constitucional».
La Ley Aído no tuvo en cuenta esta sentencia dejando al ser humano en gestación en una situación de falta de garantías e indefensión. ¿En que se fundamenta la afirmación de que la Ley protege al no nacido? En cierto modo la pretensión de reformar la Constitución es una intención de blindar una ley que en el momento presente es inconstitucional. Solo un cambio de la constitución la haría constitucional.
Desde los sectores feministas radicales del PSOE se afirma que la Ley que promulgará el PP eliminaría un derecho que es fundamental para las mujeres de este país y del mundo e insiste en que el no nacido ni es persona, ni es un ser humano (Aído dixit). La responsable de Igualdad del PSOE ha reclamado el derecho de las mujeres a su vida, a su salud, a su integridad física y a su libertad para decidir sobre su maternidad. Sin embargo, todas estas afirmaciones constituyen un disparate que no se sostiene. Por ello, conviene recordar varios hechos.




