Fuente: The Economist
Cuando la democracia llegó a España a finales de la década de 1970, llegó mediante acuerdos entre partidarios moderados de la larga dictadura de Francisco Franco, vencedor de la guerra civil española, y una oposición democrática realista. En su corazón había una ley de amnistía y un entendimiento amplio de no utilizar el pasado como arma política, arreglos que a menudo se denominan engañosamente como un “pacto de olvido”. Esta transición, en gran parte fluida, fue ampliamente aclamada como un éxito. Pero a las generaciones más jóvenes, principalmente de izquierda, ahora les preocupa que España nunca haya reconocido los crímenes de su pasado.
Un primer intento de reparar esto llegó con una ley de “memoria histórica” en 2007, que tenía como objetivo eliminar los símbolos fascistas de los edificios públicos y reconocer el maltrato a las víctimas de Franco, pero solo se implementó parcialmente. Ahora el gobierno de coalición minoritario de izquierda de Pedro Sánchez ha desvelado un proyecto de ley de “memoria democrática” que iría más allá.
El borrador es una bolsa mixta. Muchos acogen con satisfacción un plan para recuperar los restos de las víctimas de la guerra civil y la represión que siguió a su fin. El gobierno espera encontrar hasta 25.000 esqueletos en unos cinco años. La ley también anularía los veredictos de los juicios sumarios de Franco y retiraría títulos y medallas otorgados por la dictadura. El Valle de los Caídos, la grandiosa basílica de la que el gobierno retiró los restos de Franco el año pasado, será redesignada como cementerio civil (en lugar de iglesia) y administrada por el estado (en lugar de los monjes benedictinos a quienes Franco se lo otorgó). ).
Más cuestionables son los poderes para cerrar grupos que “exaltan” o “piden perdón” a la dictadura, como la Fundación Francisco Franco, un archivo privado para nostálgicos que se encuentra en un oscuro piso de Madrid. La fundación dice que se trata de un “ataque a la libertad de pensamiento” y amenaza con trasladarse a Estados Unidos. La ley también requeriría que las escuelas incorporen la “memoria democrática” en el plan de estudios de historia. No está claro si eso conducirá a una buena historia o propaganda oficial.
Lo más preocupante es que el proyecto de ley establece un fiscal especial para investigar los abusos de los derechos humanos entre 1936 y 1978. Esto es en gran medida inútil, ya que la mayoría de los perpetradores están muertos. También se acerca a revocar la ley de amnistía, con la convicción de que la justicia y la verdad deben pesar retroactivamente a la paz y la reconciliación.
La oposición conservadora afirma que el proyecto de ley es una cortina de humo para ocultar la mala gestión gubernamental de la pandemia. También objeta la probabilidad de que se apruebe con los votos parlamentarios de los separatistas vascos y catalanes, que rechazan la constitución actual.
Los defensores del proyecto de ley contrastan la tolerancia de España hacia Franco con Alemania e Italia. Pero la historia de España es diferente. Si el gobierno realmente quiere resolver asuntos pendientes del pasado, debería haber tratado de acordar el proyecto de ley con la oposición. A pesar de todas sus virtudes, el proyecto de ley utiliza el pasado como arma política. Y eso es malo para la democracia española.
Este artículo apareció en la sección Europa de la edición impresa con el título “Una ley para luchar contra Franco”.
Original:
Sep 19th 2020
MADRID
When democracy came to Spain in the late 1970s, it arrived through agreements between moderate supporters of the long dictatorship of Francisco Franco, the victor in the Spanish civil war, and a realistic democratic opposition. At their heart was an amnesty law and a broad understanding not to use the past as a political weapon—arrangements often misleadingly dubbed a “pact of forgetting”. This largely seamless transition was widely hailed as a success. But younger generations, mainly on the left, now worry that Spain never acknowledged the crimes of its past.
A first attempt to redress this came with a law of “historical memory” in 2007, which aimed to remove fascist symbols from public buildings and recognise the mistreatment of Franco’s victims, but was only partly implemented. Now the minority left-wing coalition government of Pedro Sánchez has unveiled a draft law of “democratic memory” that would go further.
The draft is a mixed bag. Many welcome a plan to recover the remains of victims of the civil war and the repression that followed its end. The government hopes to find up to 25,000 skeletons in five years or so. The law would also annul the verdicts of Franco’s summary trials and withdraw titles and medals awarded by the dictatorship. The Valley of the Fallen, the grandiose basilica from which Franco’s remains were removed by the government last year, will be redesignated as a civilian cemetery (rather than a church) and run by the state (rather than the Benedictine monks on whom Franco bestowed it).
More questionable are powers to shut down groups that “exalt” or “apologise for” the dictatorship, such as the Francisco Franco Foundation, a private archive for nostalgics run from an obscure Madrid flat. The foundation says this is an “attack on freedom of thought” and threatens to move to the United States. The law would also require schools to incorporate “democratic memory” into the history curriculum. Whether that will lead to good history or official propaganda is unclear.
Most troubling is that the bill sets up a special prosecutor to investigate human-rights abuses from 1936 to 1978. This is largely futile, since most perpetrators are dead. It also comes close to overturning the amnesty law, out of a conviction that justice and truth should retroactively outweigh peace and reconciliation.
The conservative opposition claims the bill is a smokescreen to hide government mismanagement of the pandemic. It objects, too, to the likelihood that it will be approved with the parliamentary votes of Basque and Catalan separatists, who reject the current constitution.
The bill’s defenders contrast Spain’s tolerance of Franco with Germany and Italy. But Spain’s history is different. If the government really wants to resolve unfinished business from the past, it should have tried to agree on the bill with the opposition. For all its virtues, the bill uses the past as a political weapon. And that is bad for Spanish democracy.
This article appeared in the Europe section of the print edition under the headline “A law to fight Franco”
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