1 marzo, 2015 por Redacción
ABC, 17.02.2015.Para erradicar la posibilidad misma de corrupción política alguien podría aspirar a establecer un sistema en el que los que gobernantes obraran bien no porque fueran buenos, sino porque no tuvieran en absoluto la posibilidad de ser malos… o de obrar mal. Pero llevar a la realidad ese sistema supondría convertir a los gobernantes en autómatas ya que sus decisiones se orientarían necesariamente al bien común en virtud de mecanismos inflexibles e infalibles ajenos a su voluntad. No parece que esto sea posible. Y, por inhumano, sería en todo caso indeseable. En el extremo contrario, estaría la posición (no imposible en algunas instituciones) de quienes entendieran que los gobernantes, adornados por una bien probada bondad, actuarán siempre en favor del bien común. Ambas posiciones son inadmisibles: la una por inhumanamente mecanicista (la de los infalibles gobernantes-autómatas) y la otra por ilusa (la de los gobernantes impecables, casi confirmados en gracia).
Lo cierto es que en ningún sistema dejará de aparecer la corrupción a partir de la debilidad humana. Pero tan cierta como esa corrupción “natural”, es necesario hacerle frente para reducirla y superarla. Entre lo inhumano del imposible sistema político de autómatas y lo ridículamente ingenuo de la confianza en la espontanea existencia de gobernantes incorruptibles, está la necesaria previsión de los medios para hacer frente a todo brote de corrupción, impedir su proliferación y erradicarla. Tarea permanente.
Esto exige identificar las causas remotas y próximas de la corrupción a la que nos enfrentamos y proponer los remedios adecuados. Esta es una tarea a la que ha dedicado recientemente su cualificada atención el Aula del Instituto de Estudios de la Democracia de la Universidad CEU San Pablo. El conjunto de los cualificados integrantes de este Aula, de procedencia profesional muy varia, ha expuesto recientemente sus importantes consideraciones en la prensa bajo su pseudónimo de Hispania Novai. Los estudios de este grupo a la vez que cuidan el rigor académico teórico propio del ámbito universitario en el que se desenvuelven, están asimismo presididos por el deseo de ofrecer propuestas prácticas de actuación. Sin duda, en relación con la corrupción política, merecen ser difundidos los elementos fundamentales de sus análisis y propuestas.
Ciertamente, en la génesis –y explicación– de la presente corrupción hay que remitirse a la falta de fundamentos y exigencias morales que aqueja hace ya mucho tiempo de modo muy especial a nuestra sociedad. Abandonada la moral de sustentación religiosa tradicional, no se ha logrado en modo alguno la implantación de aquella ética civil que muchos propugnaban y con la que, en el momento “nupcial” del establecimiento constitucional del sistema democrático, no pocos soñaban. Pero si esa falta de moral es tanto más difícilmente superable cuanto más honda, es preciso señalar como determinantes inmediatos de la corrupción política, de los políticos, de los gobernantes, la ausencia de controles eficaces de la actuación de estos. Tal como señala Hispania Nova, la corrupción se vio propiciada en el siglo XIX por el maquinismo y la industrialización que hizo necesaria una actuación creciente del Estado sin que sus dirigentes estuvieran sujetos a otras reglas que las del Derecho Político. El remedio, ya en el siglo XX, estuvo en el Derecho Administrativo mediante el creciente establecimiento de normas y controles que redujeron las posibilidades de prevaricación de los políticos. Paradójicamente esa vigilancia se reduce casi hasta desaparecer en muchos casos a partir de la llegada al poder del PSOE. Esos controles pudieron parecer obstáculos a la eficacia de gobierno e innecesarios dado el control que, en el sistema democrático, ejerce “el pueblo” mediante su veredicto social. Por su parte, el PP ha admitido y hasta donde ha podido en algunos casos ampliado, los márgenes de discrecionalidad de los políticos en la toma de decisiones que habrían de estar rigurosamente controladas.
Para recoger algunos de los ejemplos-prueba de esta eliminación de controles aducidos por Hispania Nova es preciso señalar que los interventores de Hacienda no ejercen el control previo del gasto sino que se limitan a exámenes posteriores por muestreo. A la vez se crea una nube de entes públicos a los que se encomiendan la realización, con amplia flexibilidad en la gestión de su personal y en su capacidad de contratación, de actividades antes propias de los ministerios correspondientes. Contratos administrativos, obras, servicios, suministros anteriormente se adjudicaban mediante subasta que ha quedado ahora en casi “una reliquia histórica”… En fin, con los márgenes de discrecionalidad de que hoy gozan los gobernantes en todos los niveles confiar en que no prolifere la corrupción supondría situarse en la ilusa posición, a la que al principio nos referíamos, de quienes atribuyan al gobernante poco menos que la plena impecabilidad.
Si se acepta la fundamental validez de este análisis de las causas de la corrupción política ¿cuál será la solución? Sin duda la más importante y radical será el fortalecimiento moral de la entera sociedad. Y esto no es una mera concesión de trámite a la importancia de los principios supremos. Sin contextura moral una sociedad no se sostiene y no tiene otro destino que su esclavización y desaparición.
Cabe pensar en la revisión de la financiación de los partidos, en las reforma de la Justicia que asegure su independencia y ágil funcionamiento. Pero, siendo todo esto imprescindible, no podemos dejar de propugnar como urgente, más fácil y a la vez un medio eficaz en el proceso de la regeneración moral en profundidad, el que volvamos a restablecer los controles administrativos que hagan desaparecer los márgenes de discrecionalidad, fuente incontenible y abundante de una corrupción creciente.
Y no deja Hispania Nova de recordar la conveniencia de reimplantar exámenes de fin de mandato como los “practicados en los tiempos del imperio español”: habría que investigar los casos de incrementos patrimoniales propios y familiares inexplicables y considerar, sin perjuicio de otras penas, la necesidad de establecer la incapacidad de la persona investigada para ejercer puestos públicos… No podemos quejarnos de que se corrompan y…roben aquellos a quienes les concedemos tan tentadores márgenes administrativos “legales” para hacerlo…
Teófilo González Vila
