El Senado aprobó el miércoles por 151 votos a favor, 80 en contra, y 13 abstenciones una moción presentada por el Grupo Popular en la que se insta al Gobierno a adoptar medidas para garantizar el derecho a la maternidad de las mujeres españolas e inmigrantes, sea cual sea su situación legal en España, ante el bajo índice de natalidad.
(EP/InfoCatólica) «La maternidad es un gran valor social, teniendo en cuenta la situación demográfica de España, que está muy alejada del índice de fertilidad que garantice la sustitución generacional sin disminución de la población. Con la crisis demográfica está en juego a medio plazo el propio Estado del bienestar y la viabilidad del sistema de pensiones y asistencial», ha subrayado el portavoz de Sanidad del Grupo Popular, Jesús Aguirre, que ha defendido la moción en el Pleno del Senado.
Entre las medidas que propone adoptar la moción, destaca la de garantizar «una efectiva protección» del derecho de la mujer a la maternidad, «a todas las mujeres embarazadas con residencia en España y las mujeres inmigrantes sea cual sea su situación legal en España», y una protección jurídica del niño antes de su nacimiento.
Asimismo, en la moción se insta a avanzar en la protección social, jurídica y económica de las embarazadas, especialmente, en los ámbitos de la conciliación, el empleo, la vivienda, la salud, la educación, la fiscalidad, las prestaciones y los servicios sociales, «favoreciendo la solidaridad intergeneracional y afrontando los retos sociodemográficos relacionados con el envejecimiento y la baja natalidad».
También se exhorta a promover que las Administraciones Públicas, junto a las Comunidades Autónomas, actúen con «pleno respeto» al derecho a la maternidad de la mujer gestante así como al «derecho a la vida en formación», apoyando «la maternidad y paternidad responsables e impidiendo obstáculos de índole económica, sanitaria, social o laboral que puedan dificultar el ejercicio de esos derechos».
En este sentido, el portavoz de Sanidad del Grupo Popular, Jesús Aguirre, ha indicado en el pleno del Senado que los poderes públicos han de «garantizar a la mujer gestante sus derechos a recibir las ayudas y apoyos públicos».
Entre estos derechos, ha destacado el que tiene la mujer embarazada a recibir asistencia médica y psicológica durante el embarazo y postparto; a ser informada de todas las ayudas y políticas asistenciales de las que pueda beneficiarse por su gestación; a recibir información sobre la adopción y sus trámites si se plantea esa opción; a disfrutar de los permisos de maternidad antes y después del parto; y a que la maternidad no suponga menoscabo alguno de sus derechos laborales.
Finalmente, el senador cordobés ha manifestado que los «progresistas de verdad» son «los que defienden la vida desde su inicio hasta el final de sus días».