La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades se ha puesto al frente de un proyecto pionero en España para implicar a las entidades financieras, junto a los municipios y en colaboración con Cáritas, en la aplicación de un cortafuegos ante la cada vez más extendida ola de desahucios que están sufriendo las familias como consecuencia de la devastadora crisis económica. Se trata de un servicio de asesoramiento y acompañamiento para que las unidades familiares en riesgo de perder su hogar puedan adaptarse a su nueva e inesperada situación económica, además de renegociar, en último caso, con los bancos los créditos comprometidos para la compra de la vivienda.
El programa, que comenzará a funcionar el 1 de noviembre y en el que participarán 74 técnicos de todas las entidades comprometidas y especializados en derecho, economía y trabajo social, busca esencialmente aplicar medidas preventivas que eviten la fase final del embargo, por lo que se tratará de detectar aquellas unidades familiares con un sobreendeudamiento excesivo y ofrecerles pautas para ajustar sus gastos cotidianos a su nueva coyuntura. Si este primer ajuste no tuviese efecto, las entidades financieras implicadas, por intermediación de la Junta, abrirán un periodo de consultas y negociación con los afectados, que serán asesorados por abogados y registradores de la propiedad.
En concreto, la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León, Milagros Marcos, precisó a los periodistas que se habilitan vías para reestructurar el crédito contraído con la entidad financiera, convirtiéndolos, por ejemplo, en renta de alquiler durante el periodo de emergencia económica y que éste compute en la amortización. También se contempla relajar las condiciones del crédito a la emergencia familiar, llegando incluso a la dación en pago. En todo caso, cada situación se estudiaría individualmente. Por lo demás, los bancos no renuncian, de entrada, a ejercer sus derechos ante los tribunales.
En este sentido, la consejera advirtió que “no va a haber soluciones milagrosas, pero si la respuesta más adecuada en cada caso”.
El acuerdo se plasmo el viernes en una reunión encabezada por el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, que estuvo acompañado por la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, y en la que participaron las diez entidades bancarias que se han adherido al servicio -Caja España-Duero, Banco Popular, Cajamar, Caja Rural de Burgos, Caja Laboral, La Caixa, Banco Santander, Banesto, Banco Sabadell y Bankinter-, además del Colegio de Abogados y el de Registradores de la Propiedad, Cáritas, las nueve diputaciones y los 15 ayuntamientos de la Comunidad con más de 20.000 habitantes, a través de la Federación Regional de Municipios y Provincias (FRMP).
El programa, que supone la coordinación de las instituciones competentes y entidades colaboradoras, cuenta con un protocolo de actuación al objeto de unificar las actuaciones. Dentro de esta línea, se habilita el teléfono 012 como nexo de conexión para las familias que deseen utilizar este nuevo servicio, donde se podrá pedir cita para unas de las 24 oficinas puestas disposición por la FRMP, donde facilitarán el asesoramiento y el contacto con la Gerencia de Servicios Sociales. Fuente ABC.-19/19/2012
