Me ha llamado la atención un artículo publicado en un diario nacional titulado” Dinero público al servicio del insulto y la provocación”. En él se hace un somero repaso a hechos ocurridos en el ámbito de la sexualidad ,ataques a instituciones religiosas, consumo de drogas, exaltación del terrorismo de ETA, ataques a las fuerzas de seguridad del Estado…
Es conocido que el derecho a la libertad de expresión, a nivel personal, está limitado por la ley, aun cuando este límite sea, en la práctica, algo difícil de determinar, cuando se recurre al arbitrio de la justicia, en casos de este tipo. Depende de muchos factores: entre ellos la propia subjetividad de la persona que tiene que resolver el asunto, y más cuando en algunos casos se incluye su posición ideológica, por lo que aparentemente se deduce de las noticias que se publican.
Comprendo que cualquier ciudadano en uso de sus derechos pueda hacer uso del principio de “libertad de expresión” a sabiendas que puede incurrir en un delito.
Pero qué ocurre cuando son los componentes de la administración, sea municipal, autonómica o nacional que debían velar por el cumplimiento de las leyes, los que se saltan a la “torera” los deberes legales y no cumple sus obligaciones de defender las leyes constitucionales, juradas de una manera u otra antes de acceder a su cargo público?
Es preocupante considerar que la actuación de un cargo o institución pública esté protegido de tal manera que actúe con impunidad y no tenga “responsabilidad “alguna ante hechos que estén conculcando derechos fundamentales: derecho de los padres a la formación de sus hijos de acuerdo a sus convicciones, libertad religiosa, ataques a instituciones del Estado… Esto mismo es, aún más penoso si se achaca a la pertenencia del cargo público a partidos “populistas”. Estos partidos no necesitan como requisito indispensable respetar y hacer cumplir las leyes constitucionales.? Entiendo que a nivel personal se pueda pensar o actuar al margen de la legalidad pero no cuando se forma parte de una institución del Estado.
Normalmente se habla de la actuación de una persona concreta ,de tal o cual partido, como si fuera algo aislado del organismo o institución pública, que representa y no implicara, por defecto, al resto de representantes políticos de otras formaciones.
Esta manera de proceder se llama connivencia, consecuencia del “pasteleo” cuando un partido no tiene mayoría suficiente para gobernar.
Otro aspecto de este importante tema es la utilización de fondos públicos, producto de los impuestos de todos los contribuyentes, a fomentar ataques a sus convicciones, bien usurpando derechos ,subvencionando asociaciones afines contrarias a determinados colectivos o financiando actos, de mal gusto, nada respetuosos con gran parte de los sentimientos religiosos de la ciudadanía, víctimas de ETA… etc.
Después de todo esto me pregunto dónde están los defensores del pueblo?
Fernando Villar Molina