NUEVA YORK, 15 de mayo (C-Fam) Cinco países europeos dijeron a los Estados Unidos el lunes que reinterpretaran una prohibición federal al financiamiento del aborto en el extranjero para, en su lugar, proveer el aborto internacional.
Otros instaron al país a hacer más para imponer los derechos homosexuales y transgénero, incluyendo la prohibición de derechos y excepciones fundadas en principios religiosos. Otros reclamaron que Estados Unidos se comprometiera con más tratados de la ONU cuya ratificación el gobierno ha rechazado específicamente.
La Revisión Periódica Universal (RPU) es un procedimiento relativamente nuevo en la ONU para que los países evalúen a otras naciones sobre su cumplimiento de los tratados de derechos humanos de las Naciones Unidas. Fue el turno de los Estados Unidos en Ginebra para presentar su informe de avances y ser examinado con detenimiento.
Delegados extranjeros dieron recomendaciones al país, como, por ejemplo, sobre vigilancia de datos nacionales y extranjeros, detención e interrogación de sospechosos terroristas y acusaciones de brutalidad policial hacia las minorías. Muchos instaron a los Estados Unidos a proscribir la pena capital. Un país solicitó la prohibición explícita de los castigos físicos en el hogar y en las escuelas. Y unos pocos pidieron que la ayuda al exterior estadounidense proporcionara el aborto de bebés concebidos producto de violaciones en situaciones de conflicto en el exterior.
La RPU basa su interpretación de los derechos humanos en documentos internacionales como tratados de la ONU (muchos de los cuales no fueron ratificados por los Estados Unidos porque las leyes existentes brindan un nivel superior de protección). Lo más polémico es que la RPU también se vale de las recomendaciones de órganos de supervisión de tratados: comités de expertos con larga trayectoria de interpretación de tratados más allá de los textos en sí, como, por ejemplo, presionando a los países para que liberalicen sus leyes de aborto.
Los delegados extranjeros expresaron su decepción por el hecho de que Estados Unidos no haya ratificado ningún otro tratado desde el primer ciclo de RPU en 2010, pese a que el gobierno de Obama manifestó la esperanza de hacerlo.
Como los órganos creados en virtud de tratados, la RPU se ha politizado en torno a cuestiones sociales, y organizaciones como Sexual Rights Initiative hacen lobby de forma explícita para que sea usada con el objeto de promover la homosexualidad y el aborto.
La delegación estadounidense comenzó su presentación resaltando su labor en materia de orientación sexual e identidad de género. Varios países felicitaron a los Estados Unidos por su trabajo en esta área, aunque Suecia dijo que las objeciones a los asuntos de las personas lesbianas, gais, bisexuales y transgénero (LGBT) basadas en cuestiones religiosas precisan ajustarse a lo que denominó como normas internacionales. Ningún tratado de la ONU crea este derecho, no obstante sus defensores aseguran que sí.
Respecto del aborto, los Países Bajos, Noruega, el Reino Unido, Bélgica y Francia se quejaron de la ley que desde hace muchos años prohíbe que la ayuda al exterior estadounidense costee abortos en el extranjero. Instaron a los Estados Unidos a reinterpretar esta restricción para casos de violación en época de guerra, reiterando el reclamo efectuado solo por Noruega en el primer ciclo de RPU.
Estados Unidos respondió que está comprometido con la provisión de asistencia médica para la mujer «que incluye el aborto» y que el gobierno «examina regularmente» sus políticas para garantizar que esté tomando «todas las medidas adecuadas» en tal sentido.
La Santa Sede no mencionó el aborto ni la protección del niño por nacer, pero sí exigió que Estados Unidos garantizara sólidas protecciones para la libertad religiosa, incluyendo el derecho a la objeción de conciencia, así como la protección de los migrantes, la armonía racial y la moratoria de la pena de muerte.
Con respecto a la ratificación de tratados, la jefa de la delegación estadounidense, Mary McLeod, dijo que el gobierno de Obama quiere ratificar los tratados de la ONU sobre los derechos de la mujer y de las personas con discapacidad «con limitadas reservas», pero que precisa el asesoramiento y la aprobación del Senado Estadounidense para llevarlo a cabo.
El otoño pasado, la candidata presidencial Hillary Clinton sostuvo que la ratificación de tratados parece poco probable ‘‘no por falta de intentos, sino por falta de apoyo».
Traducido por Luciana María Palazzo de Castellano