“¿Se debe seguir tolerando la existencia de una industria que genera tal violencia y maltrato a las mujeres, que promueve un sistema de dominación y mercantilización del cuerpo de la mujer y que puede tener consecuencias desastrosas para la formación de la identidad sexual, en especial de los jóvenes?” Es la cuestión que plantean las autoras de un informe del Senado francés sobre el negocio de la pornografía, después de describir los abusos que comete y los daños que causa.
El informe, publicado la semana pasada, ha salido a la luz tras seis meses de trabajo, incluidas audiencias a puerta cerrada con mujeres que trabajaron para productoras pornográficas. 
El título que le han dado, Porno: l’enfer du décor, juega con la expresión l’envers du décor (equivalente a “la otra cara de la moneda”) para significar que en la tramoya de la producción pornográfica se esconde un infierno. Las autoras pretenden con su trabajo “abrir por fin los ojos de todos a la violencia sistemática” que inflige esta “industria tóxica”.
Tradicionalmente se ha aplicado a la pornografía una cierta tolerancia, consistente en restringirla más o menos, sin prohibirla de modo general. Pero las cuatro senadoras, de distintas tendencias políticas –de la derecha a la izquierda–, que han elaborado el informe afirman que hoy la pornografía es tan violenta y peligrosa, que es justo cuestionar sus prácticas “y su misma existencia”.
Consumo masivo y precoz
La pornografía ya no es un tipo de cine confinado a las salas X. Internet ha cambiado radicalmente el modo en que se produce y consume.
A mediados de la primera década del siglo aparecieron los sitios web de pornografía, que basan su negocio en el tráfico masivo, mediante la oferta de materiales gratuitos, para vender espacios publicitarios. Así han crecido los grandes colosos del porno, de los que el número uno mundial es la multinacional canadiense MindGeek, dueña de sitios como Pornhub, Redtube o YouPorn.
En la década siguiente aumentó más la difusión porque las redes sociales (Facebook, Instagram…) y los servicios de mensajería (WhatsApp, Telegram…) se convirtieron en canales de enlace a los sitios pornográficos.
En consecuencia, según las estimaciones de Arcom –el organismo regulador de las comunicaciones audiovisuales y digitales en Francia–, consumen porno mensualmente 19 millones de franceses, de los que el 12% son menores: 1,1 millones con 15 a 18 años de edad y 1,2 millones que no han cumplido los 15.
Explotación de mujeres
Esta expansión de audiencia ha venido acompañada de un gran cambio en el sistema de producción. Para alimentar los sitios de distribución masiva se ha producido una explosión de productores, al margen de las empresas tradicionales. Ha surgido un enorme sector amateur o semiprofesional que fabrica porno de bajo costo en cantidades inmensas.
Este fenómeno, dice el informe, ha llevado a una tremenda degradación moral de los productos. En busca de la audiencia masiva, se han ido deslizando a cotas más altas de brutalidad y violencia. Como el porno, a semejanza de las drogas, genera tolerancia, para seguir atrayendo al público adicto hay que continuar la espiral. Hoy el porno duro (hardcore, gonzo) es el más consumido.
Así, la pornografía en general ha abandonado toda pretensión artística. Sobra el argumento: para mostrar escenas sexuales descabelladas y violentas (el 90% lo son, dice el informe) no hace falta contar historia alguna. El precio de este recrudecimiento lo pagan sobre todo las actrices, que en el caso de los vídeos low cost no suelen ser profesionales. Las nuevas productoras explotan a mujeres jóvenes vulnerables económica o psicológicamente. Algunas que testificaron ante las cuatro senadoras relataron los procedimientos que emplearon con ellas para someterlas y deshumanizarlas, de modo que se presten a agresiones y tratos aberrantes –porque no hay efectos especiales–.
“La industria del porno es tóxica en su modo de producción y de consumo. Coloniza los cerebros”
Esas actrices, añade el informe, rara vez ejercen con protección laboral. A muchas se les fuerza solo a firmar un contrato de cesión de derechos de imagen claramente abusivos. Si alguna luego quiere cancelar la cesión, le pedirán 3.000-5.000 euros, suma que viene a ser diez veces lo que cobró por el trabajo. Esto convierte en papel mojado el derecho de retracto… aparte de que, una vez que un vídeo circula por Internet, es muy difícil retirarlo.
Una industria tóxica
A la vista de todo ello, una de las autoras del informe, la vicepresidenta del Senado Laurence Rossignol, socialista, da este diagnóstico: “La industria del porno es tóxica en su modo de producción y de consumo. Coloniza los cerebros”. El informe señala algunos de los perjuicios que causa en los jóvenes: traumas, trastornos del sueño o de la atención, visión deformada y violenta de la sexualidad, dificultad para tener trato normal con personas del otro sexo, sexualización precoz… Y advierte que también los adultos sufren daños semejantes.
Si a eso se añade que “la exhibición de violaciones y la erotización de la violencia sexual” sirven a un “sistema de dominación y de violencia contra las mujeres”, hay razones, sostiene el informe, para considerar la pornografía un problema de política pública. En esa línea van las recomendaciones de las autoras.
Por ejemplo, proponen tipificar como delito las violencias sexuales cometidas en la producción de materiales pornográficos. También insiste en facilitar que las actrices explotadas denuncien a las productoras (hay ahora dos casos en los tribunales franceses) y en hacer efectivo el derecho al olvido, obligando a la retirada gratuita de vídeos cuando una persona filmada retira el consentimiento.
Otro capítulo de recomendaciones está dedicado a la protección de los menores. Una de las principales es establecer y exigir un sistema efectivo de verificación de la edad, como manda una ley francesa de 2020. Este es un punto difícil, como se ha visto en la demanda judicial, actualmente en curso, de Arcom contra Pornhub y otros cuatro distribuidores de pornografía online.
No se ha hallado aún un sistema efectivo de verificación de la edad, para bloquear el acceso de menores al porno en Internet
Arcom los acusa de infringir la ley por no bloquear de modo efectivo el acceso a los menores. Pero no está claro que puedan hacerlo, pues hasta ahora no se ha encontrado un sistema que compruebe la edad del internauta y a la vez no lo identifique. Esta incompatibilidad entre eficacia y privacidad motivó que en el Reino Unido finalmente se renunciara al proyecto de implantar una medida como la francesa: el Children’s Code solo exige aplicar algún procedimiento, aunque no sea infalible, y comunicarlo a la autoridad.
El problema es que la ley de 2020 ordena verificar la edad, pero no dice cómo hacerlo. Esto ha permitido a Pornhub oponer a la querella de Arcom una cuestión previa de constitucionalidad: alega que la infracción de que se le acusa no está claramente definida, contra un principio general del Derecho. El tribunal ha aceptado plantear la cuestión previa a la Corte de Casación, que tiene desde ahora seis meses para decidir si la remite al Consejo Constitucional. De modo que la causa ha entrado en impasse.
El informe de las senadoras sostiene que se puede hallar un procedimiento seguro de verificación. En concreto, recomienda la propuesta de la CNIL (la agencia francesa de protección de datos personales): una comprobación a cargo de una entidad independiente, que haga de intermediaria y opere con un sistema con doble barrera de anonimato (frente al servicio de verificación y frente al sitio porno). Pero eso no se ha probado aún.
De todas formas, la clave puede estar en el último apartado de recomendaciones, que se resume en “educar”. Las senadoras subrayan que los ciudadanos y las instituciones ha de tomar conciencia de lo dañina que ha llegado a ser la pornografía. Ya no es un vicio privado: es un verdadero problema público que afrontar seriamente: “Hay que dejar de mirar a otro lado”.
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