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Philippe d’Iribarne, director de investigación en el CNRS, se pregunta en Le Monde (1-02-2013) por qué los partidarios del “matrimonio para todos” limitan la apertura a la pareja homosexual. Si realmente creen en la libertad y en la igualdad, habría que reconocer esta posibilidad a toda unión entre personas que escojan los derechos que la ley atribuye al matrimonio.
Se pregunta, en primer lugar, qué razón hay para “discriminar a favor de la categoría tradicional de pareja. Esta noción tiene todo su sentido cuando se considera que biológicamente hace falta un hombre y una mujer –por lo tanto, solo dos personas– para engendrar un hijo. Pero, en una sociedad que tiene por ambición trascender lo biológico y la complementariedad entre hombres y mujeres de lo que lo biológico es portador, esta consideración es vana”.
Si se trata de reconocer la diversidad de formas que puede adoptar la familia, “¿por qué la ley rechazaría el acceso a la institución del matrimonio y de los derechos que comporta a grupos de ciudadanos formados por un conjunto más amplio de hombres y/o de mujeres que se escogen libremente?”
Los partidarios del “matrimonio para todos” rechazan categóricamente esta posibilidad, y en esto hacen causa común con los defensores del matrimonio tradicional. “Sin duda tienen la intuición de que, digan lo que digan, en el campo de la familia como en otras cosas, la ley no tiene solo por objeto otorgar derechos. La ley contribuye a construir un orden simbólico, a ofrecer puntos de referencia, sin los cuales no hay sociedad humana”. Pero, si se tiene en cuenta este elemento, ¿se puede pasar por alto, en nombre del principio de igualdad, “el hecho de que un niño nace de un hombre y de una mujer y que es bueno que este hombre y esta mujer se comporten como padre y madre?”.
“Aquí está en cuestión el vínculo que la institución del matrimonio promueve entre el hecho de engendrar un hijo y la misión de ejercer permanentemente la responsabilidad de padres, del padre tanto como la madre”.
¿Cuáles serían los efectos de la aprobación de este proyecto? “Sin duda haría progresar en las mentalidades la convicción de que quienes engendran un hijo no tienen una vocación privilegiada a ejercer las responsabilidades de padre y de madre, que cualquier, hombre o mujer, haya participado o no en la concepción, puede cumplir el mismo papel. ¿No sería esto dar un paso más hacia la convicción de que, después de todo, cuando uno coopera a traer un hijo al mundo, no tiene que preocuparse de su porvenir? Otros podrán encargarse igual de bien. ¿Es esto un progreso?”
Por su parte, Marie Balmary, psicoanalista y escritora, reflexiona en La Vie sobre la confusión que se creará sobre el significado de la palabra “matrimonio”, cuando puede querer decir tanto “unión de personas de sexo diferente” como “unión de personas del mismo sexo”. “¿Cómo explicaremos a nuestros hijos que ’parecido’ y ‘diferente’, una cosa y su contraria, es lo mismo, sin provocar mil preguntas y observaciones?”. “La Academia Francesa podría rogar al legislador que inventase otra palabra en vez de privarnos de una de las principales características del lenguaje: distinguir realidades diferentes gracias a la diversidad de los vocablos pertinentes”.
Como ejemplo de la artificiosidad que lleva a escribir leyes con palabras privadas de su sentido, cita el Código Civil de Québec (art. 539, 1, agregado en 2002):
“Cuando los dos padres son de sexo femenino, los derechos y las obligaciones que la ley atribuye al padre, cuando se distinguen de los de la madre, son atribuidos a aquella de las dos madres que no ha dado a luz al niño”.
A la palabra ‘madre’ se le atribuyen ahí dos sentidos opuestos. “Ahora bien, en todas las lenguas del mundo la palabra ‘madre’ quiere decir precisamente: “mujer que ha dado a luz a uno o varios hijos”.
