Los profesores de Andalucía no pueden recomendar libros de apoyo a sus alumnos

Los profesores andaluces tienen prohibido pedir a sus alumnos la compra de libros fuera de los que se adquieren a través del Programa de Gratuidad de los Libros de Texto, el conocido como cheque-libro, que cubre el 100% de los gastos en manuales en Primaria y Secundaria en los centros públicos y concertados. La Junta explica que es para «evitar la discriminación» de las familias más pobres.

La Consejería de Educación andaluza vigila a los centros y advierte del incumplimiento a los que desoyen la norma y osan recomendar a sus alumnos material extraordinario, como, por ejemplo, los cuadernillos que en ocasiones complementan el material didáctico. Pero tampoco permite pedir a los alumnos libros de lectura, lo que ha provocado una drástica caída en las ventas de los títulos tradicionales de la literatura recomendada a la población escolar, según los datos facilitados por la Asociación Nacional de Editores de Libros de España (Anele).

Anele, que agrupa una treintena de editoriales, ha detectado en Andalucía caídas en las ventas de hasta el 80% y el 90% en clásicos literarios como ‘San Manuel Bueno’, mártir, de Miguel de Unamuno o ‘Bodas de Sangre’ y ‘La casa de Bernarda Alba’, de Federico García Lorca. En Anele relacionan este desplome en las ventas directamente con la prohibición de la Junta andaluza. Y añaden que, en 2013, las ventas de libros en Andalucía cayeron más que en el resto de las comunidades autónomas. «Esto que ha ocurrido en Andalucía no ha pasado en ninguna otra comunidad», recalcan.

Aunque esta instrucción lleva vigente en Andalucía desde hace cuatro cursos, en los últimos años las quejas de los docentes habían llevado a la Consejería a atemperar y matizar esa prohibición, abriendo la mano desde la posición inicial, mucho más restrictiva, que impedía pedir a los alumnos un simple diccionario.

Sin embargo, se siguen dando situaciones paradójicas. Así, el servicio de Inspección de la Delegación de Sevilla ha apercibido a un colegio de la provincia por utilizar en varios cursos de Primaria material didáctico complementario, en un escrito en el que le recuerda que no está permitido reclamar la compra de libros de lectura, ni siquiera cuando se haga «de forma voluntaria».

El escrito, enviado por la delegación de Educación el pasado 31 de marzo de 2014, dice que «esta práctica supone un incumplimiento» de las Instrucciones del 11 de junio de 2013 de la Dirección General de Participación y Equidad sobre el Programa de Gratuidad de los Libros de Texto para el curso escolar 2013/2014 y del Decreto 227/2011.

La inspección subraya que «el material curricular destinado a ser utilizado por el alumnado desarrolla de forma completa el currículo establecido» y, por tanto, no considera «procedente» la petición a las familias, «ni siquiera a título voluntario, de material bibliográfico adicional como cuadernillos y libros de lectura».

Fuentes de la Consejería de Educación explican que «el espíritu de esa norma es el de evitar la discriminación del alumnado por razón de su situación socio-económica». La Consejería reconoce que el inspector, en su informe, «ha ido más allá de la mera referencia normativa, para dejar patente que, dada la situación económica de muchas de las familias del centro, no procede la petición de otros materiales distintos a los incluidos en el programa de gratuidad por la incapacidad que tienen para hacer frente a los gastos económicos que conllevarían; recomendando vías alternativas, tales como la biblioteca de aula o la propia del centro».

Las mismas fuentes consultadas insisten en que «los libros de lectura son materiales de uso recomendado siempre, tanto a las familias como a los centros, como elemento esencial del aprendizaje del alumnado». Sin embargo, no desautorizan al servicio de inspección que le ha negado al profesor la libertad de decidir qué lecturas solicita a sus alumnos «ni siquiera a título voluntario».

El caso es que en algunos centros se ha llegado a sufrir una auténtica persecución. Aunque en la mayoría de los colegios e institutos cada profesor (sobre todo en Secundaria) sortea como puede la restricción y establece su propio criterio, aun a riesgo de encontrarse con la censura de la inspección. La práctica más frecuente es recomendar títulos que estén disponibles (en un número suficiente) en la biblioteca del centro y dar a elegir al alumno entre comprarlo o pedirlo prestado al instituto. «Lo lógico es aplicar el sentido común», añade un experto educativo. Siempre que la inspección no resuelva lo contrario, cabe añadir.

Desde Anele recuerdan que Andalucía se encuentra a la cola de las comunidades autónomas en hábitos de lectura, sólo por delante de Extremadura, Murcia, Asturias y Castilla-La Mancha. Según un informe de la Federación de Gremios de Editores de España, que analiza el porcentaje de lectores de libros en tiempo libre entre la población de más de 14 años durante 2012, esta región se sitúa cuatro puntos por debajo de la media nacional.

«Lo más grave de todo es el daño que provoca el mensaje que se lanza a la sociedad desde los colegios: estamos demonizando la compra de libros como un gasto inútil y prescindible; en vez de ayudar, a través de becas, a las familias que no pueden acometer ese gasto. Les estamos inculcando a las familias que la cultura es un gasto superfluo y no una inversión», denuncia el presidente de Anele, José Moyano.

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