El Fondo de Liquidez Autonómica puesto en marcha por el gobierno salva a Andalucía de una peor calificación.
Libre mercado.-02/06/14.Las agencias internacionales de calificación de solvencia no creen en la gestión de Susana Díaz a pesar del entusiasmo que ha generado en su partido. En el reciente informe de Standard & Poors se dice algo verdaderamente inquietante: la Junta sólo tiene caja apenas para cubrir el 30% de los intereses que tiene que pagar, que estima que ascenderán a 3.000 millones en los próximos 12 meses. Pero el Fondo de Liquidez Autonómica puesto en marcha por el gobierno, salva a Andalucía de una peor calificación por el momento.
Según la agencia Moody’s, la Junta de Andalucía se encuentra en la zona de bono basura desde 2012 y así lo ha ratificado el febrero. La otra gran agencia de rating, Standard&Poor’s, considera en su informe del pasado viernes que Andalucía está en el furgón de cola de España y que, además, puede bajarla a bono basura, debido al escándalo de los cursos de formación y la mala gestión de la Junta. Y no sólo la considera sino que ya ha informado a sus inversores de tal circunstancia según El Mundo. Fitch mantiene a Andalucía en la misma posición que S&P.
S&P define Andalucía como “una de las regiones más pobres de España” y señala que, aunque el paro ha bajado al 34,9%, sigue siendo “muy superior a la media del 25% de España”. Esa situación supone “un lastre para su recuperación”. Considera que, ante la fragilidad de sus ingresos con tal desempleo, “Andalucía puede aumentar los impuestos sobre los que tiene capacidad normativa o bien aplicar más recortes”, pronostica. Como puntos positivos, señala que su estimación es que la Junta ya no acumula una cantidad importante de facturas impagadas en el cajón como en el pasado, para lo que ve esencial el mecanismo de pago a proveedores del Estado.
El País sólo destacaba lo que encontró positivo en el informe diciendo: “Andalucía y Baleares mejoran su perspectiva de negativa a estable, pero mantienen la calificación en BBB -un aprobado raspado-, porque espera que sigan progresando en el proceso de reducción del déficit público y que sigan disfrutando de los mecanismos de liquidez provistos por el Estado. No obstante, en ambos casos la posibilidad de subir la nota se ve frenada por una gestión presupuestaria y financiera negativa, conforme a los criterios de S&P, que ha dado lugar a un alto nivel de endeudamiento y a problemas para hacer frente a sus obligaciones de pago”.
Pero el texto del informe oficial dice lo siguiente: “Podríamos degradar la nota de Andalucía si observamos en el perfil de riesgo de la Junta impactos potencialmente negativos derivados de las investigaciones en curso sobre presunta malversación de fondos de formación para los desempleados”.
Recuérdese que la juez Mercedes Alaya, además del escándalo de los ERE, investiga los indicios de fraude en los fondos de las subvenciones para la formación de parados y ocupados. Su cuantía puede ser inmensa porque si la Junta destinaba anualmente 50 millones en el caso de los ERE, concedía 5 veces más en fondos de formación, algo que ya denunció el propio imputado y ex director general de la Junta, Francisco Javier Guerrero. Son nada menos que 2.000 millones de euros los que podría estar en entredicho, incluidos los fondos de la Unión Europea para ese objeto.
Pero además de la corrupción, lo que influye en la calificación del bono andaluz como bono basura es la gestión de la Junta de Andalucía. “La solvencia de Andalucía está constreñida porque su gestión presupuestaria es aún muy negativa”, dice S&P a los inversores. Y añade que cualquier desviación en el cumplimiento del déficit y una “muy lenta reducción” del actual desajuste en sus cuentas implicarían, según el informe, una degradación de su calificación.
