ForumLibertas.com.-25-06-2012
Los partidos políticos son grandes distorsionadores de la economía, pero tienden además a actuar en términos escandalosamente injustos. Lo hemos visto con las cajas de ahorro. Sólo se han salvado- caso de “la Caixa”- aquellas que se han mantenido a salvo de la entrada de los partidos políticos en sus consejos de administración. Un caso flagrante de esta injusticia es el que vive ahora la minería del carbón, con unos trabajadores protestando airadamente, e incluso violentamente, para defender su trabajo, que se ha mantenido en condiciones de privilegio por razones absolutamente políticas. Esa es la verdad pura y dura.
El largo predominio del PSOE en la reciente historia democrática española ha conllevado clientelismos, Andalucía es una buena muestra de ello, pero quizá ninguno tan acentuado como el de los mineros del carbón. A este sector, que hace años que se encuentra fuera de juego por razones económicas y sobre todo ambientales, el PSOE se ha empeñado en mantenerlo a un coste muy elevado simplemente para demostrar su implantación sindical. Cada año en Rodiezmo se escenificaba este acto de “progresismo” entre los mineros y el Partido Socialista. Han tenido mucho tiempo y ocasiones para operar una reconversión que diera una salida razonable a aquellos trabajadores en otras actividades. No se ha hecho. Y no será por falta de dinero. Las subvenciones a las empresas productoras, por una parte, y los recursos aplicados a los mineros, favoreciendo las prejubilaciones, por otra, han representado un chorro ingente de dinero. Es comprensible que los trabajadores protesten ante la perspectiva de que cesen estas subvenciones, pero, si existe la solidaridad, también ellos han de entender que no pueden mantener su situación de privilegio.
Privilegio, sí, veamos si no unos pocos datos. Prácticamente, la mitad de los prejubilados tenían entre 40 y 44 años, es decir el periodo durante el cual estarían cobrando una cantidad importante de dinero hasta alcanzar la edad de jubilación es muy largo. De hecho, el promedio para el 100% de los trabajadores en estado de prejubilación es de 12 años, y los importes que perciben no son menores. El 50 % recibe más de 2.000 euros al mes. Y a éstos hay que añadir otro 24% que supera los 1.700 euros. En conjunto, las tres cuartas partes reciben unas cantidades por no trabajar realmente muy sustanciales. De hecho, uno de cada cinco cobra más de 2.000 euros al mes por estar prejubilado. Pero es que, además, las condiciones para alcanzar este estatus no son extraordinariamente exigentes. Se pide sólo haber trabajado al menos 8 años en la minería y llevar 3 años en la empresa que los jubila. Dibujamos un escenario para darnos cuenta de lo que esto significa. Una persona que entró a trabajar en el carbón a los 40 años puede jubilarse a los 48 con un sueldo, no ya de percepción del paro, sino que no alcanzan muchas personas trabajando 40 horas a la semana.
Es evidente que esto no puede ser. También lo es, y hay que subrayarlo, que hay situaciones de privilegio mucho más brutales por el extremo contrario de los ingresos. La minoría que percibe cantidades extraordinarias y que además consigue evadirse legalmente de pagar los impuestos que realmente deberían aportar por su riqueza real. Pero que exista esta injusticia social no debe comportar silenciar casos como el de la minería, que es una muestra más de lo que significa la política al servicio de la injusticia.
