La delegada de la Junta en Córdoba, Isabel Ambrosio, ante la petición ‘on line’ de firmas para demandar a la Junta y a la Unesco que promuevan la titularidad pública de la Catedral de Córdoba, inscrita a nombre de la Iglesia Católica, ha anunciado que la Administración autonómica «ha solicitado un informe jurídico para saber si le compete al Gobierno de la Junta de Andalucía reclamar la titularidad pública de ese bien»
(EP/InfoCatólica) En declaraciones a los periodistas, de las que se hace eco Europa Press, Ambrosio ha aclarado, en primer lugar, que la Junta de Andalucía «es una institución seria y cada uno de los pasos que da tiene que estar bien asentados», de ahí que, antes de adoptar una posición oficial sobre este asunto, haya pedido el citado informe jurídico.
Además, la decisión que tome al respecto tendrá en cuenta que la Catedral «es un Bien de Interés Cultural (BIC), además de ser Patrimonio de la Humanidad», según lo estableció en su día la Unesco, de modo que, con más razón, según ha señalado Ambrosio, es preciso esperar a que el mencionado informe jurídico indique «si le compete a la Junta de Andalucía, o bien al Gobierno de España, reclamar la titularidad pública sobre ese bien».
Llegado ese momento, según ha subrayado Ambrosio, se pronunciará la Junta y, «si le compete» a la Administración autonómica este asunto, «hará todo lo que tenga que hacer» para que el histórico monumento «sea de titularidad pública».
Favorable a la expropiación
Por otro lado, a título personal y «como militante socialista», Isabel Ambrosio ha aclarado que ella ya ha firmado la citada petición ‘on line’ para que la Catedral sea de titularidad pública, «distinguiendo entre lo que es la titularidad de lo que es el culto y el uso que se le está dando en este momento», por parte de la Iglesia Católica.
En el PSOE se entiende, según ha subrayado Ambrosio, «y así lo venimos reclamando desde hace muchísimo tiempo», que la Catedral «no es cualquier bien y que debe ser un bien de titularidad pública», aunque ha insistido, en su condición de representante del Gobierno andaluz en la provincia, en que «es muy precipitado» que la Administración autonómica se pronuncie oficialmente «sin conocer el resultado de ese informe jurídico».
