La Archidiócesis de Granada, sobre el caso de abusos sexuales, «ha seguido escrupulosamente el procedimiento previsto»
Desde el momento en que se tuvo noticia fehaciente de la acusación presentada ante la Santa Sede por un joven de Granada, de haber sufrido abusos sexuales por parte de un grupo de sacerdotes de la diócesis, este arzobispado ha seguido escrupulosamente el procedimiento previsto para estos casos por la disciplina canónica, que está a disposición de todos en la Home Page de la página web de la propia Santa Sede.
De acuerdo con esa praxis, se han seguido los trámites establecidos en la misma para verificar si la mencionada acusación tenía verosimilitud. Apenas llevada a cabo esa investigación preliminar, que no tiene aún carácter judicial, este arzobispado impuso las medidas cautelares a los sacerdotes directamente acusados de los abusos, retirándolos del ejercicio del ministerio sacerdotal.
Igualmente remitió las conclusiones de la investigación a la Santa Sede. Al mismo tiempo, y dado que el denunciante es hoy persona mayor de edad, y que por tanto sólo él tenía capacidad para formular denuncia judicial, una vez se supo que ésta había sido interpuesta, el arzobispado se puso a disposición de la autoridad judicial para colaborar en lo que fuese necesario, lo que ha venido haciendo hasta el momento.
El arzobispado, al igual que la multitud de fieles cristianos, es consciente de que la inmensa mayoría de los sacerdotes vive ejemplarmente el ejercicio de su ministerio, y dan un precioso testimonio, a veces heroico, de entrega a Dios y a los hermanos. Al cuerpo entero de la Iglesia le hieren y le duelen inmensamente que se puedan producir escándalos de esta naturaleza, cuya certeza y alcance tendrá que determinar finalmente la autoridad judicial en la investigación abierta.
En el tratamiento de este caso, la diócesis ha seguido estrictamente los principios de la disciplina de la Iglesia, que son los siguientes:
1. Tolerancia cero con los abusos y con quienes los cometen.
2. Ayuda a las presuntas víctimas y, una vez probados los hechos, a las víctimas si las hay.
3. Cooperación con las autoridades en el establecimiento de la verdad y la justicia, de forma que estas conductas aberrantes, que la Iglesia rechaza y condena, puedan evitarse y erradicarse.