A los ‘papeles de Panamá’ han seguido noticias de fraude fiscal de personas relevantes. Algunas dicen que han sido sorprendidas en su confianza y sus asesores les aconsejaron indebidamente. ¿Son esos asesores culpables de inductores al delito o, al menos, cooperadores necesarios? La legislación es contundente: sí. Pero para ello se necesitan varios requisitos.
Uno es que el asesor tenga los conocimientos técnicos necesarios para realizar las operaciones enfocadas a defraudar; otro, que asesor y asesorado estén en connivencia para defraudar la cuota.
Ambos requisitos casi seguro se han dado en los delitos que utilizan mecanismos con empresas fantasmas o similares en paraísos fiscales. Así que los asesores fiscales, si se dan estos casos, son también responsables. Por si hubiera dudas la ley de blanqueo de capitales los responsabiliza de muchas cosas, entre otras, la de seleccionar clientes de acuerdo con su probidad.
El economista.De manera que así como los bancos tienen un departamento de compliance, las compañías de asesoría fiscal y legal también deben tener un proceso de control y formación para protegerse y proteger a sus clientes. A la hora de elegir un asesor fiscal o una consultoría es necesario estudiar si tiene ese departamento.
Es posible que, a corto plazo, se tenga que pagar más. Pero se evitarán los disgustos de recibir un inspector con cara de pocos amigos y, sobre todo, visitar al juzgado, porque como dice la maldición gitana: “tengas pleitos y los ganes”.
Además, no siempre es moral utilizar todo instrumento legal para pagar poco; porque otros, como el empleado por cuenta ajena, no los tiene. Si todos pagamos lo correcto, probablemente el Gobierno podría reducir los impuestos, porque los costes de transición de la economía bajan. Es una de las ventajas de la ética, a la larga es rentable para todos. La ingeniería fiscal sólo es válida junto con otros dos criterios: el legal y el moral.
