Medicamentos del tercer mundo para los pacientes andaluces

La Razón.-Las subastas de medicamentos andaluzas, ya van por la sexta, confían en la seguridad y la eficacia de laboratorios, en su mayoría extranjeros. Así, los elegidos en la última ocasión han sido Arafarma, Uxafarma, Vir, Aristo Pharma, Aurobindo, Ranbaxy, Medinsa, KRKA, FDC Pharma, Bausch & Lomb, Ababor, Laboratorios Francisco Durban, Generfarma, Bluefish Pharma y Abamed Pharma tendrán que abastecer al mercado andaluz los 69 principios activos diferentes de 48 subgrupos farmacoterapéuticos que les han sido adjudicados a partir de abril.image
No todos son de fuera, pero lo que destacan los opositores a esta forma de controlar el gasto es que el problema reside «en que tres laboratorios, KRKA –esloveno–, Ranbaxy –indio– y Aurobindo –indio–, acumulan el 75 por ciento de las moléculas que se ponen a disposición de los pacientes vienen de fuera. Son laboratorios que si no fuera por las subastas no tendrían ni un uno por ciento de la cuota de mercado nacional y que de esta forma se acercan al 20 por ciento», explica José Luis Márquez, presidente de la Confederación Empresarial de Farmacias de Andalucía (Ceofa).
A las quejas del sector farmacéutico, el Sistema Andaluz de Salud (SAS) debe hacer frente a las que presentan los pacientes, que no están contentos con un sistema que les discrimina frente a otros ciudadanos españoles y que, además, como ellos mismos subrayan, les pone en peligro. «Tras la primera subasta a día de hoy la cosa va a peor. Tan sólo mencionar unas cifras: en Sevilla y resto de la comunidad hay 53.000 pacientes anticoagulados. Esto significa que cualquier anomalía en el tratamiento pone en riesgo nuestras vidas. No podemos estar sujetos a los continuos cambios de medicación. Se mantiene el principio activo, pero la presentación cambia cada dos por tres y dado que el 80 por ciento de los pacientes son personas mayores que superan los 65 años, esto lleva a la confusión», asegura José Carmona, presidente de la Asociación Sevillana de Pacientes Anticoagulados y portadores de válvulas cardiacas.
Además del problema de la presentación, Carmona subraya el hecho del desabastecimiento. «Ya se ha convertido en una constante, no llegan a servir la cantidad de fármacos que se han comprometido y al final no se consiguen los ahorros prometidos. Pone al farmacéutico en un compromiso, ya que ha de sustituir lo que pone en la receta por otro igual, pero de un laboratorio que ya no está entre los ‘‘elegidos’’. Él lo puede hacer, pero al final el método no funciona», explica el presidente de Ceofa.
En este sentido, Carmona porta cifras estremecedoras cuando habla de «que de los 35.000 ictus producidos en España el año pasado, un 50 por ciento han tenido lugar en Andalucía. Además, por datos que me han pasado los grandes hospitales de la comunidad, podemos observar que se han incrementado un 20 por ciento las muertes». ¿Vinculación directa con las decisiones del SAS en la adjudicación de fármacos? La respuesta no es fácil, pero pone en cuestión un sistema que no ha conseguido su objetivo: el ahorro deseado a lo largo de cada una de las ediciones de cada subasta.
Así, las dos primeras subastas, que empezaron en 2013, no llegaron al cupo deseado, ya que quedaron medio desiertas. Esto provocó que de los 200 millones de euros de ahorro previstos, sólo se alcanzaran los 96, según datos del SAS. Al llegar a la cuarta subasta, tan sólo se había conseguido alcanzar los 137 millones. «Al final, los grandes laboratorios son los que ponen la tirita cuando los adjudicados a las subastas presentan problemas de abastecimiento, que en muchos casos se origina porque se confía en laboratorios cuya capacidad de producción no logra cubrir la demanda», añade Márquez.
Farmaindustria, que engloba a la Asociación Nacional Empresarial de la Industria Farmacéutica, concluye que «el camino emprendido por la Junta de Andalucía con este mecanismo no sólo ha encontrado la oposición de la industria farmacéutica innovadora, sino que entre los distintos agentes sanitarios, tanto colegios de farmacéuticos, asociaciones de pacientes o la distribución, ha generado también fuertes críticas».
Cuestionados
La diana de los problemas de estas subastas es que el origen de los fármacos no ofrece seguridad a los pacientes. Así, cabe mencionar que Ranbaxy tuvo problemas en EE UU. En este sentido, el laboratorio indio fue multado por la FDA –Agencia de Alimentos y Medicamentos de EE UU, por sus siglas en inglés– por la violación de la ley de seguridad de los medicamentos. Esto se debe a que la agencia visitó las instalaciones del laboratorio constatando que no cumplía normas de manufacturas que aseguraran la calidad de los medicamentos, por lo que se prohibió la comercialización de cualquier producto proveniente de este laboratorio.
Desde Europa, se verifica que los compuestos procedentes de la India cumplan con los estrictos controles de calidad de la EMA (Agencia del Medicamento Europe), ya que el país asiático es fabricante de parte de muchos de los medicamentos que más tarde se comercializan en Europa. Sin embargo, la fama de falsificadores de fármacos, cuando en 2010 la OMS alertó de que este mercado alcanzaba cuotas del 20 por ciento, hacen flaco favor a cualquier terapia que proceda del país. «A través de algunas investigaciones que estamos llevando a cabo, podemos concluir que estos fármacos tienen hasta un 30 por ciento menos de efectividad», apunta el presidente de la Asociación Sevillana de Pacientes Anticoagulados.
Decisión en los tribunales
Desde el Ministerio de Sanidad se han opuesto a esta medida desde el inicio. La cartera que Ana Mato traspasó a Alfonso Alonso contenía una serie de demandas que consiguieran paralizar el proceso, todavía pendiente de la decisión del Tribunal Constitucional. Además, tanto la patronal de los laboratorios de marca, como los genéricos se oponen a la subasta. Farmaindustria la llevó a los tribunales sin éxito y el director general de Aeseg aconseja a sus asociados que no se presentasen a la subasta. Con todo, uno de los asociados de Aeseg, el grupo de origen indio Aurobindo, ha concurrido y resultado adjudicatario por la Junta en varias ediciones. Desde Farmaindustria apuntan que «estas medidas implican una invasión de competencias constitucionales propias y exclusivas del Estado en materia de inclusión de medicamentos en la prestación farmacéutica pública y en materia de fijación de precio de los medicamentos financiados con cargo al SNS, así como una clara vulneración del sistema de dispensación de medicamentos establecido en la legislación estatal. Desde una perspectiva empresarial e industrial implican una fragmentación del mercado interior español, expulsando de facto del mercado andaluz a productos autorizados para venderse en todo el territorio nacional y restringiendo la competencia».

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