PSOE: enseñanza pública: la concertada una excepción.

Actualidad educativa.-Según el documento que ha presentado el PSOE para su estudio bajo el título: “Los retos de la educación, la universidad y la ciencia para una Europa del conocimiento“, la enseñanza concertada debe ser subsidiaria de la pública. Lo propone en estos términos: “Los socialistas entendemos que la red concertada debe entenderse como subsidiaria respecto de la escuela pública, debiéndose limitarse los conciertos a aquellos centros que atiendan necesidades reales de escolarización y que tengan la calidad exigible”. Y más adelante concreta: “El objetivo debe ser apostar decididamente por la financiación en exclusiva de una red pública de enseñanza, dejando el modelo de concierto para situaciones complementarias y justificadas en las que lo público no puede extenderse”.

Ahora, para la enseñanza concertada, se añade un término, el de “subsidiaria”, que se omitió veladamente en la LOE, pero que subyacía latente en todo el contexto de la ley. Allí se hablaba de que la prestación del servicio público de la educación se realizará a través de los centros públicos y privados concertados (art.108.4). Muchos lo entendían como un sistema de complementariedad, en igualdad de condiciones para las dos redes, la pública y la privada, que garantizaba el derecho constitucional de los padres de elegir la formación preferida para sus hijos (art. 27.3 de la Constitución). La actual situación económica que ha provocado el masivo recorte y el reajuste laboral en la estructura educativa, ha hecho que ahora en el PSOE aflore la exigencia de imponer una educación pública en exclusividad, dejando la enseñanza concertada con carácter residual y temporal solo para suplir carencias de la escuela pública y no para satisfacer la demanda de los padres.

El documento que ahora sale a estudio, evidentemente, tiene su justificación en la oposición frontal a la inminente aprobación de la llamada ley Wert, que contiene aspectos discutibles, pero que también contempla a las dos redes educativas con el mismo trato de complementariedad que se refleja en todas las anteriores leyes educativas socialistas aprobadas desde la transición (LODE, LOGSE, y LOE). En todos estos años la dotación presupuestaria y las condiciones de los centros, a pesar de estar reconocido el carácter complementario de las dos redes, y no subsidiario, no han sido igualitarias, todo lo contrario, los conciertos educativos han sufrido unos recortes más drásticos que los centros públicos. Basta contrastar los presupuestos de cada Comunidad y los generales del estado en los últimos años.

Para algunos, el deterioro que sufre la escuela pública es achacable, en gran medida, a que la enseñanza concertada absorbe los recursos que le pertenecen en exclusividad. Solo ellos “pueden garantizar el servicio público de la educación en una escuela única, pública y laica donde no quepa el adoctrinamiento, sino solo el estudio científico y crítico”. Nosotros entendemos que la libertad de elección de centro por parte de las familias, ratificada en la Constitución, y el derecho de los centros a establecer su propio proyecto educativo, no existen si no se les dota de los recursos necesarios. No hay libertad sin financiación y es tarea de los poderes públicos el garantizar a todos el acceso a la educación en igualdad de condiciones. El derecho a la libertad de elección de centro educativo es un derecho constitucional que está por encima de la planificación de plazas escolares que realicen las Administraciones públicas.

Hay que recordar que actualmente las competencias sobre educación están transferidas a las Comunidades Autonómicas. Esto ha dado lugar, en la práctica, a 17 sistemas educativos diferentes. Es competencia del Estado elaborar los presupuestos generales, las leyes orgánicas y poco más. El resto, como concretar gran parte de los contenidos académicos, establecer los criterios de admisión de alumnos y su promoción, fijar los complementos salariales del profesorado, su jornada laboral y el concurso de oposición, marcar el calendario escolar, aprobar los textos, conceder los conciertos educativos… son competencias de cada Comunidad y cada una actúa con criterios diferentes, lo que ha generado desigualdades injustificadas. Para suplir esto, en el documento que ahora se presenta, el PSOE es partidario de crear una especie de “caja común“, un fondo interterritorial desde el cual el Gobierno de España pueda impulsar políticas educativas para “reequilibrar” posibles diferencias entre comunidades autónomas en materia de educación. Esta tarea se nos antoja muy ardua, por no decir imposible, si las competencias transferidas se mantienen en los mismos términos actuales.

El anterior ministro socialista, Ángel Gabilondo, luchó fervientemente, con nulo resultado, para consensuar un gran pacto nacional por la educación. Quedó en el intento y en la frustración. La educación es un poliedro con tantas caras como comunidades autónomas, con los padres divididos en asociaciones dispares; los sindicatos, envueltos en intereses corporativos como las patronales y los colectivos sociales y religiosos…Demasiados gallos con crestas y espolones muy afilados en el mismo corral. La ideología y los intereses políticos lo invaden todo y la educación es una presa difícil de soltar y menos de compartir. Fue un sueño del que despertó amargamente el ministro Gabilondo y después, nunca se le vio sonreír con la misma frescura.

Entendemos que la exigencia del ordenamiento constitucional sobre libertad de enseñanza no puede pasar por considerar a una red educativa como subsidiaria de la otra que se arroga el derecho de ser única. La enseñanza concertada no puede tener un carácter provisional que supla las carencias administrativas, pendiente de los vaivenes del político de turno. El talante democrático no está en la exclusión, sino en garantizar en libertad una educación gratuita y de calidad, sin apellidos enfrentados como pública o privada, respetando el derecho constitucional de los padres en la elección de centro. Todo ello es más democrático, más libre, más justo, incluso más social, en un régimen de complementariedad y no de subsidiariedad.

Francisco Vírseda García y Joaquín Moreno Cejuela

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