El Tribunal Constitucional avala que el hijo aún no nacido cuente como miembro de la unidad familiar

Profesional por la ética.-La noticia fue adelantada por Aceprensa y confirmada por El Español: el Tribunal Constitucional ha refrendado por unanimidad la constitucionalidad de la disposición contenida en la Ley de Protección de la Maternidad de la Comunidad Valenciana por la que el hijo aún no nacido computa como miembro de la unidad familiar a efectos de acceso a centros escolares concertados. El Tribunal Constitucional no ha difundido aun en su web el texto completo del mencionado fallo.

Por su parte, el diario Actuall publicaba ayer en exclusiva una interesante entrevista a Andrés Ollero en la que el magistrado del Tribunal Constitucional ofrece su valoración tanto sobre la referida sentencia como sobre el asombroso retraso en el pronunciamiento del mismo órgano sobre la ley del aborto, cuyo recurso fue presentado hace ya más de cinco años.image

Ollero considera que la sentencia sobre la ley valenciana tiene “un valor simbólico muy interesante e incluso insólito, tal como están los tiempos” al dictaminar que “no es inconstitucional el beneficio de tener por nacido al hijo en gestación a efectos de su cómputo como miembro de la unidad familiar”. Sin embargo, concluye el magistrado, eso no implica que se deriven soluciones paralelas obligatoriamente respecto al recurso del PP”.

Reproducimos seguidamente la información publicada en El Español sobre la mencionada sentencia, que Profesionales por la Ética celebra como un avance positivo para el pleno reconocimiento en el sistema español del derecho de todos a la vida desde el momento mismo de la concepción.

Fallo sin votos discrepantes

EL CONSTITUCIONAL AVALA QUE EL HIJO AÚN NO NACIDO CUENTE PARA BENEFICIOS SOCIALES

Respalda una ley valenciana que permite computar el embarazo para lograr plaza en el colegio

María Peral / El Español, 26 de diciembre de 2015

El Pleno del Tribunal Constitucional ha desestimado la cuestión de constitucionalidad planteada por el Tribunal Superior de Justicia de Valencia respecto a la Ley de Protección de la Maternidad aprobada por las Cortes valencianas en junio de 2009, cuando el Gobierno autonómico lo presidía Francisco Camps (PP).

La ley valenciana permite a la Administración educativa tener en cuenta el estado de embarazo de la madre de familia para que otro de sus hijos obtenga puntos adicionales para acceder a una plaza escolar en un centro financiado con fondos públicos.

En una sentencia que no tiene votos particulares discrepantes, el TC considera que no es inconstitucional “el beneficio de tener por nacido al hijo en gestación a efectos de su cómputo como miembro de la unidad familiar”, señala una sentencia conocida por EL ESPAÑOL.

El Constitucional tiene aún pendiente de resolver el recurso interpuesto en junio de 2010 por el PP contra la reforma de la ley del aborto promovida por el Gobierno de Rodríguez Zapatero, que sustituyó el sistema de indicaciones por el de plazos y permite interrumpir el embarazo dentro de las 14 primeras semanas.

Como si ya hubiera nacido

La ley valenciana puesta en cuestión por el Tribunal autonómico establece que “en los procesos de admisión de alumnos de centros docentes no universitarios mantenidos con fondos públicos, los alumnos cuya madre se encuentre en estado de gestación se beneficiarán de una puntuación idéntica a la que obtendrían si ya hubiera nacido su nuevo hermano o sus hermanos, en el caso de que se trate de gestación múltiple”.

Los jueces valencianos cuestionaron la constitucionalidad de la norma autonómica porque la ley estatal de educación “no prevé esa regla entre aquellas que hay que tener en cuenta prioritariamente en el proceso de admisión de los alumnos”. A su parecer, el legislador autonómico se habría excedido en el ejercicio de las competencias que tiene en materia de educación al incorporar un elemento de valoración “que desvirtúa” los requisitos fijados por la norma estatal y “quiebra la necesaria igualdad que se trata de procurar en el territorio español en el ejercicio del derecho a la educación”.

El planteamiento del Tribunal Superior de la Comunidad Valenciana fue respaldado por la Abogacía del Estado y contradicho por la fiscal general, Consuelo Madrigal. Para esta última, la normativa autonómica cuestionada “responde a un bien constitucional recogido en el artículo 39 de la Constitución y se enmarca en la obligación de los poderes públicos allí establecida de asegurar la protección de la familia”.

La sentencia del TC, de la que es ponente Pedro González-Trevijano, avala la constitucionalidad de la norma autonómica. El tribunal advierte, de entrada, que la ley valenciana acoge los requisitos estatales (hermanos matriculados en el centro, padres que trabajen en el mismo, proximidad del domicilio, renta per cápita de la unidad familiar, condición legal de familia numerosa, situación de acogimiento familiar del alumno, concurrencia de discapacidad en el alumno) y establece su valoración prioritaria.

Lo peculiar de la norma valenciana, observa el TC, es que no introduce un nuevo requisito autonómo de evaluación sino un criterio adicional de valoración que se aplica transversalmente, afectando a la puntuación que corresponde a varios de los criterios de ordenación de las solicitudes de acceso al colegio público o concertado de que se trate.

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