El plan antidesahucios de Andalucía espantará a los inversores: «Es una medida tercermundista»

El plan antidesahucios de la Junta de Andalucía está suscitando dudas de forma generalizada. El Gobierno central ha manifestado su desacuerdo con la iniciativa y Bruselas, que desconfía de su legalidad, ha pedido más información al Ministerio de Economía. Tampoco los expertos ven con buenos ojos la iniciativa, que podría desestabilizar aún más el mercado inmobiliario y amenazar la viabilidad del rescate a la banca.

El plan antidesahucios de Andalucía espantará a los inversores: "Es una medida tercermundista"
El plan antidesahucios de Andalucía espantará a los inversores: «Es una medida tercermundista»

El Economista.- 13/05/2013.-El plan antidesahucios de la Junta de Andalucía está suscitando dudas de forma generalizada. El Gobierno central ha manifestado su desacuerdo con la iniciativa y Bruselas, que desconfía de su legalidad, ha pedido más información al Ministerio de Economía. Tampoco los expertos ven con buenos ojos la iniciativa, que podría desestabilizar aún más el mercado inmobiliario y amenazar la viabilidad del rescate a la banca.

«Es tercermundista, populista y parecida a políticas que normalmente vemos en Bolivia y Corea del Norte». De esta forma define Mikel Echavarren, consejero delegado de la consultora inmobiliaria Irea, la iniciativa aprobada el pasado mes de abril por el gobierno autonómico de José Antonio Griñán.

En opinión de Carles Vergara, profesor del IESE Business School, «la medida no ha sido reflexionada debidamente y parece fruto de la ceguera de la desesperación».

El decreto ley ya está en marcha y pretende, como reza en la publicación correspondiente en el boletín oficial regional, asegurar cumplimiento de la Función social de la Vivienda. El objetivo es frenar los desahucios y proteger a los hogares más desfavorecidos. Para ello, autoriza la expropiación temporal las viviendas «en inminencia de desahucio», lo que evitará los desalojos de familias que no pueden pagar sus hipotecas. También contempla sanciones a bancos y promotores por mantener viviendas vacías durante un plazo determinado.

Inseguridad inversora

Pero la medida tiene una importante contrapartida a ojos de los expertos: reactivará la inseguridad en el mercado inmobiliario, que aún no ha conseguido levantar cabeza desde el pinchazo de la burbuja del ladrillo.

«La seguridad legal de los inversores internacionales en España se está acercando a niveles de los países del Tercer Mundo», resalta en declaraciones de Bloomberg Echevarren, quien afirma que «embargar» los derechos de propiedad de la vivienda reducirá significativamente su valor y repercutirá negativamente sobre su venta.

Según recuerda la agencia de noticias financieras, la consecuencia directa es que podría poner trabas al Gobierno para el cumplimiento de los términos del plan de rescate a la banca, como ya han advertido desde la Comisión Europa. El Ejecutivo de Mariano Rajoy se ha propuesto asegurarse el estricto cumplimiento de los planes de reestructuración o saneamiento de las entidades en problemas, todos ellos pactados con Bruselas, y en estas se incluye la venta de los activos inmobiliarios transferidos a la Sareb.

¿Quién comprará?

Sin embargo, será una tarea difícil de llevar a cabo si se inmovilizan dichos activos con las expropiaciones y si los potenciales compradores recelan de las garantías ofrecidas. «Los fondos de inversión y los REIT (fondos inmobiliarios) no gastarán ni un céntimo en la compra de inmuebles o en la adquisición de propiedades para el alquiler en estas regiones en los próximos años», considera el consejero delegado de Irea.

«Los inversores temen que siente un precedente y que otras regiones sigan el ejemplo, haciendo de la inversión inmobiliaria en España una actividad de extremado alto riesgo», añade.

Por ahora, Canarias ya ha expresado su intención de lanzar una iniciativa similar a la andaluza, mientras que desde el Ejecutivo central se han apresurado a señalar que se trata de estrategias de difícil implementación, ya que se solapan con otras generales.

A la vez, el equipo de Rajoy no ha descartado llevar el decreto ley de Andalucía ante el Tribunal Constitucional y ha asegurado que las dudas expresadas por la CE serán tenidas en cuenta en un posible proceso judicial.

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