La convención del Partido Demócrata ha abrazado con verdadero amor la causa del matrimonio gay. Mientras que en 1996 el presidente Bill Clinton rubricó la ley de Defensa del Matrimonio que lo define como la unión de un hombre y de una mujer, ahora parece que el matrimonio entre personas del mismo sexo se ha convertido en imagen de marca de los demócratas. No solo se ha incorporado a la plataforma programática del partido, sino que no hay orador de la convención que no mencione esta causa sagrada en su discurso.
Pero todavía hay ciertas precauciones de lenguaje. Casi ningún orador defendió explícitamente el matrimonio gay, sino el derecho a casarse “con quien uno ama”. Se trasmite así un mensaje centrado en la igualdad para casarse y en la libertad para elegir con quién hacerlo. ¿Acaso va a decirte el Estado con quién te debes casar?
No, el Estado no tiene que decirte con quién te vas a casar. Pero siempre ha dicho con quién no puedes casarte, y de ahí que exista un derecho matrimonial.
Si un mormón, invocando la tradición de sus ancestros, quisiera casarse con una segunda esposa a la que amara mucho, el Estado le diría: no puedes casarte con ella aunque la ames, porque en este país no se admite la poligamia. Si uno estuviera tan entusiasmado con su hermana que quisiera casarse con ella, el Estado se lo prohibiría. Si un hombre casado tuviera un affaire con una mujer también casada y quisieran contraer matrimonio sin divorciarse de sus cónyuges, el Estado impediría esta bigamia. Si un adulto quisiera casarse con una Lolita menor de edad a la que amara mucho, el Estado le diría que no puede hacerlo hasta que ella sea mayor.
Algunas de esas posibles situaciones han sido reconocidas como matrimonio en determinados periodos históricos o culturas. En cambio, la unión entre personas del mismo sexo nunca se ha considerado matrimonio. El hecho de que el Estado no lo reconozca como tal no es nada extraño ni hace injusticia a nadie. Simplemente, el Estado no tiene por qué dar el mismo tratamiento legal a situaciones que no son iguales.
Si a la hora de establecer quién puede casarse con quién el Estado puede discriminar por edad, parentesco o número de contrayentes para preservar lo esencial del matrimonio, no es un trato injusto que pueda discriminar también por sexo.
Uno puede amar a quien quiera, sin que el Estado se inmiscuya. Pero lo que no puede hacer es obligar al Estado a cambiar la realidad del matrimonio, para que los enamorados se sientan más a gusto.
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