Demandan al Constitucional por demorar su sentencia sobre la Ley del aborto

20 diputados que recurrieron la “Ley Aído” en 2010 presentan una demanda al Tribunal Europeo de Derechos Humanos por la “pasividad” del Alto Tribunal español sobre el aborto

Ley del aborto

Un grupo de los diputados que en el año 2010 recurrieron ante el Tribunal Constitucional la ley del aborto de la ministra socialista Bibiana Aído han notificado este martes al TC la presentación de una demanda al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) por demorar en más de once años su sentencia.

Para José Eugenio Azpiroz –que ha presentado al TC la notificación junto a la diputada Lourdes Méndez y el exsenador Luis Peral­–, «la labor de un tribunal es juzgar, y si esto no lo hace, entonces hay pasividad. No hay justicia y lo que tenemos es una indefensión jurídica».

«No podemos dejar pasar la cuestión sin más, porque la decisión del TC afecta a un derecho constitucional como es el del derecho a la vida. Los jueces tienen que resolverlo. No pueden seguir escurriendo el bulto».

Fue el 1 de junio de 2010 cuando un grupo de 70 diputados presentaron un recurso de inconstitucionalidad contra la ley del aborto entonces recién aprobada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. En diciembre pasado, 20 de ellos –actualmente solo hay dos en activo– presentaron un escrito reclamando al TC que dictara ya sentencia. Al no obtener respuesta, el 16 de junio presentaron una demanda ante el TEDH de Estrasburgo contra el TC español, por su retraso a la hora de impartir justicia.

Una demanda histórica sobre la Ley del aborto

«Es la primera vez que se demanda al Tribunal Constitucional en España», explica la diputada Lourdes Méndez, una de las firmantes. «Obviamente no es agradable demandar a tu propio TC, pero siendo el tema de que se trata y después de tanto tiempo, está claro que no es una mera negligencia, es algo más. No hacer efectiva la tutela judicial es algo bastante grave», añade.

Lourdes Méndez va más allá al afirmar que «el Tribunal Constitucional se ha convertido en un tribunal político. Que en un tema fundamental de su competencia como es el del derecho a la vida no pronuncie sentencia es algo dramático. Su labor y su papel están en entredicho».

Acerca de la complicada relación entre los poderes ejecutivo y judicial, y a la hora de explicar el retraso de diez años a la hora de recurrir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, José Eugenio Azpiroz señala que «en esos años estuvo en el candelero la reforma de la ley Aído que propuso el ministro Alberto Ruiz Gallardón. Al final no salió y ha llegado el momento de decir: “Hasta aquí hemos llegado”».

Para Lourdes Méndez, sin embargo, el tiempo en que el Partido Popular estuvo al frente del Gobierno «fue fundamental para que se instalara en España la normalización del aborto. El PP fue esos años el cooperador necesario de una ley que al final ha conseguido lo que perseguían sus autores: no ayudar a la mujer embarazada con problemas, sino normalizar el aborto como algo bueno y normal, incluso como un anticonceptivo más. Está claro que dejar pasar tanto tiempo ayudó a esta normalización».

Ahora, ambos esperan que la demanda presentada ante el Tribunal de Estrasburgo prospere y pronto el TC dicte sentencia. «Tenemos legitimidad y base jurídica para interponerla –señala Lourdes Méndez–. El TEDH debe pronunciarse para que el Tribunal Constitucional español haga lo mismo».