¿Contribuye la subida de impuestos a la justicia social?

Ministerio-de-HaciendaEn el año que termina la presión fiscal ha aumentado extraordinariamente en nuestro país. Primero fue el IRPF y después el IVA. Ahora, el posible acuerdo de gobernabilidad de Cataluña entre CiU y Esquerra Republicana pasa por otra subida de impuestos que elevará la presión fiscal de Cataluña a lo más alto dentro de España y de Europa. En el número 27 del acuerdo, aun no cerrado, entre ambas formaciones políticas se contempla la recuperación del impuesto de sucesiones, una rebaja de las exenciones del de Patrimonio y la creación de varios tributos sobre la banca, las grandes superficies y las centrales nucleares, sobre las bebidas de refresco con azúcares añadidos, sobre viviendas vacías, junto a otras tasas e impuestos.

Los impuestos son necesarios para la justicia social, pero sólo hasta cierto punto. Una excesiva subida de impuestos puede ser una decisión contraria a la justicia social. En efecto, los impuestos aportan fondos para los servicios públicos, pero la recaudación conseguida no siempre es proporcional a la presión fiscal. Es más, puede llevar a recaudar menos impuestos. Cuándo los impuestos crecen disminuye el consumo, y con ello la capacidad de recaudación; y la capacidad de ahorro e inversión, y así la capacidad para la creación de empleo. Puede haber además desplazamientos de capitales y actividades hacía lugares de menor presión fiscal. Respecto a la situación en Cataluña, Joaquim Gay de Montellà, presidente de la patronal catalana Fomento afirma que “recuperar impuestos y crear tasas solo complicará la tarea empresarial”. Todo esto sin excluir el caso que los impuestos sean tan elevados que puedan considerarse confiscatorios.

La justicia social, bien entendida, exige que lograr que todas las personas puedan vivir con dignidad, sin que les falte, por lo menos, aquello que es más elemental: alimento, vestido y techo. La justicia social también incluye respetar los derechos humanos, entre ellos el acceso de todos al trabajo, la educación y la sanidad. Esto último ha de hacerse con un empleo óptimo de los recursos disponibles, y hasta dónde se pueda llegar. La justicia social, así entendida, no es patrimonio exclusivo del socialismo, sino de cualquier persona con una mínima sensibilidad por la justicia.

La preocupación por la justicia social no significa “estatismo”, que confunde los servicios sociales con servicios estatales. Una justicia social “justa” –valga la redundancia– ha de llevara a actuar de acuerdo con el principio de subsidiariedad, dando preferencia a la iniciativa social, que más próxima a las personas y seguramente más eficiente en el uso de recursos, a darle apoyo, sin absorberla.

Quienes tienen más, por solidaridad y justicia distributiva, deben pagar más, pero con frecuencia –creo que es el caso actual– son las clases medias quienes resultan más perjudicadas por el alza de impuestos. En muchos casos, la suma de los impuestos directos e indirectos se llevan la mitad de los ingresos obtenidos.

Es verdad que hay un déficit enorme en los presupuestos de las administraciones públicas, consecuencia en gran medida de una gestión irresponsable, que hay que subsanar. Al propio tiempo, es deseable trabajar por la justicia social, pero una obligación elemental de justicia es luchar contra el fraude fiscal y lograr una buena administración, gestionanado los fondos públicos con lealtad y diligencia. Esto exige actuar eliminando duplicidades administrativas, evitar puestos innecesarios en el sector público, recortar gastos superfluos, eliminar empresas publicas de dudosa eficacia, revisar a fondo la necesidad de cargos designados por políticos y sindicatos y mejorar la eficiencia en la gestión de los recursos disponibles.

Subir impuestos sin atender estos aspectos no es servir a la justicia social. Y, volviendo a la pregunta inicial de si subir impuestos contribuye a la justicia social, la respuesta es: depende. A veces sí, pero no siempre.

Blog del profesor del IESE Domènec Melé

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