Andalucía: una quiebra social y económica

El Economista.-29/04/2013.-

Los andaluces afrontan en unos días un aniversario que, a tenor del drama del empleo en la comunidad que reflejó la EPA de la semana pasada con un paro de casi el 37% (de más del 41% en la provincia de Cádiz) que afecta a 1,47 millones de personas, pasará relativamente desapercibido.

Se cumple el primer año de gobierno efectivo del primer gabinete del PSOE e IU que preside José Antonio Griñán al frente de la Junta de Andalucía. Doce meses, que comenzaron con el discurso de investidura de Griñán el 2 de mayo, en los que resulta casi imposible citar alguna medida realmente efectiva para aliviar la crisis que golpea en esta comunidad con bastante más fuerza que en el resto de España. Y que la tiene, en la práctica, en una situación de quiebra económica y social.

Y ello, fundamentalmente, porque la tasa de paro es, de manera permanente, nueve puntos superior al promedio nacional y el PIB cae más de lo que lo hace en el conjunto del país, como el último informe de Analistas Económicos de Andalucía (Unicaja) recordaba hace una semana. Ante este panorama, «el rasgo más relevante del primer año del gobierno de coalición PSOE-IU es su estabilidad política, la aparente coordinación, y la paz social conseguida, a pesar de que Andalucía lidera las tasas de paro más elevadas, y las de crecimiento y productividad más bajas», resume Fernando Faces, profesor de la escuela de negocios Instituto Internacional San Telmo.

Empleo

Los dos planes de empleo anunciados en este año han fracasado, y la Junta ni siquiera se ha atrevido a valorarlos. «De los planes y pactos por el empleo poco se puede esperar si no hay un respaldo presupuestario suficiente y si no se acepta que es indispensable situar nuestras relaciones laborales en sintonía con las europeas», señala Manuel Ángel Martín, economista vinculado a la patronal andaluza CEA. «Desconfío -por decirlo suavemente- de los resultados de los planes públicos de empleo, a tenor de la experiencia vivida en este mismo país, que sólo alcanzan a producir contrataciones bastante efímeras», añade Rafael Salgueiro, catedrático de la Universidad de Sevilla y miembro del Obervatorio Económico de Andalucía, un ente de análisis independiente.

En lo político, la convivencia entre los dos partidos ha sido razonablemente buena, siendo la comisión de investigación del caso ERE del pasado verano -que fue un fiasco absoluto por irresponsabilidad compartida de los tres partidos-, y el reciente decreto para multar viviendas vacías y expropiar pisos cuyos inquilinos vayan a ser desahuciados, los dos estandartes que IU puede esgrimir como sello de identidad de un gobierno de izquierdas. La creación de un ente de financiación público sería el siguiente hito.

La realidad es que el recurso al plan de pago a proveedores por 2.700 millones el pasado año; la adhesión al Fondo de Liquidez Autonómico por 2.133 millones tras lograr emitir menos de mil millones a inicios de 2012 y fracasar en el cierre de otros créditos en julio; la pretensión de volver a acogerse a él este año; y las exigencias del plan de reequilibrio para el cumplimiento del déficit -que acabó en el 2% pese a todo en 2012- han tenido maniatado al ejecutivo autonómico. ¿Qué puede hacer una autonomía en la actual coyuntura?

«Para bien o para mal, las medidas que se puedan tomar dependen en un 80% de instituciones externas y variables exógenas. Pero si nuestros problemas son fundamentalmente la deuda (relacionada con el gasto) y la competitividad (relacionada con los ingresos) algo puede hacer la Junta para resolverlos. Adelgazar la administración y garantizar que los servicios públicos no están para servir a quienes los prestan, sino a los que los reciben. Esforzarse en volver a tener ahorro público para poder destinarlo a inversiones productivas y hacer de Andalucía un enclave atractivo para la inversión, y el inversionista se guía por la rentabilidad y la seguridad», detalla Martín.

Salgueiro coincide en solicitar que se racionalice, «no que se racione» -como cree que se está haciendo ahora- el gasto en la estructura de la administración pública. Y, mirando al medio plazo, asegura echar de menos «la asunción de la verdadera realidad de las cuentas públicas y de los ingresos fiscales razonablemente esperables en el próximo quinquenio. Hace falta valentía por parte de la izquierda para asumir esta realidad y no sirve de nada esperar que podamos endeudarnos todavía más porque el precio del dinero ha bajado». La deuda pública andaluza alcanza ya los 20.544 millones y equivale al 14,5% del PIB.

«El Gobierno andaluz debe acelerar las políticas de impulso de crecimiento y empleo recogidas en su Acuerdo Programático, con especial énfasis en las reformas conducentes a un aumento de la competitividad, principal problema de Andalucía, por encima de su alto endeudamiento», añade Faces.

Juzgados

Más allá de análisis y propuestas de medidas, los últimos doce meses han tenido unos directores de orquesta que, en gran medida, no se sientan en los despachos de la Junta: los jueces de instrucción. Andalucía aglutina, según el Consejo General del Poder Judicial, casi un tercio (541) de los 1.661 procesos judiciales en marcha por corrupción política o económica. Junto al más mediático, el derivado de la Operación Malaya en Marbella, la palma se la lleva el caso ERE, el mayor escándalo de corrupción de la historia de Andalucía con más de 1.200 millones de gestión de fondos públicos bajo investigación y setenta imputados, entre ellos un exconsejero, un exviceconsejero y tres exdirectores generales.

Pero el uso irregular, ilegal o incluso fraudulento de dinero público, a tenor de los numerosos informes de fiscalización de la Cámara de Cuentas, se ha revelado como un problema de primera magnitud en numerosos organismos instrumentales. El caso más relevante es el de la empresa pública Invercaria, que tiene a su expresidente imputado y a casi medio centenar de ayudas a empresas bajo investigación.

El propio sector instrumental de la Junta, y los 26.000 empleados que absorbe y que han sido traspasados en bloque a la administración general andaluza mediante la ley de reordenación del sector público de 2011, protagoniza el otro gran frente judicial. Tras decenas de sentencias contrarias de juzgados de primera instancia y del Superior Andaluz, el Supremo ha cambiado el criterio y enconado la pugna.

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