A VUELTAS CON LA FINANCIACIÓN DE LA EDUCACIÓN

dineroActualidad educativa.-EL pasado 29 de diciembre de 2012, distintos medios de comunicación se hicieron eco de los resultados de la “Encuesta sobre el Gasto de los Hogares en Educación (Curso 2011/2012)” publicada por el INE, con titulares llamativos como “Estudiar en un colegio concertado cuesta el doble que en uno público” (Diario de Navarra), “El gasto por alumno de un colegio público es de 822 euros, por 3.627 en los privados” (Heraldo de Aragón), “El gasto de las familias en la enseñanza privada cuadruplica al de la pública” (ABC) o “Un alumno en la enseñanza pública cuesta a las familias 822 euros al año” (EL MUNDO).(Artículo de Luis Centeno, Director de la Asesoría Jurídica de EC)

En todos estos artículos, si bien es cierto que en unos más que en otros, se percibe un ánimo de comparación económica entre los distintos tipos de Centros, como si de los datos de la Encuesta del INE se pudiera inferir que el coste real de la enseñanza pública es mucho menor que el propio de la enseñanza privada o concertada.

Nada más lejos de la realidad. Y quien defienda lo contrario falta a la verdad. Escuelas Católicas elaboró el 16 de mayo de 2012 un informe sobre “Gasto en educación concertada católica”, basado en estadísticas del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (Años 2007, 2008 y 2009), del que resultaban los siguientes datos finales: el coste medio por alumno en la enseñanza pública se cifraba en 6.187 euros/año (Año 2009), mientras que en la enseñanza concertada se quedaba en los 3.026 euros/año. Es decir, el coste de la pública duplicaba el de la concertada.

Y esto se conseguía tras dividir el gasto público total en la enseñanza pública en 2009, por el número de alumnos matriculados en Centros públicos y realizar idéntica operación en la enseñanza concertada.

Por lo tanto, ¿cómo es posible que la última Encuesta del INE arrojase datos tan opuestos? La explicación es muy sencilla. Los datos recopilados por los entrevistadores del INE preguntaban a las familias “¿cuánto se gasta usted en la educación de sus hijos?”, porque era un estudio sobre el “Gasto de los Hogares”, no sobre el coste de la enseñanza.

Y qué conclusiones podemos sacar de ambos estudios:

No puede confundirse lo que “gastan” las familias en educación, con lo que cuesta realmente la enseñanza. Si una familia escolariza a su hijo en un Centro que sólo oferta actividades gratuitas, tanto en actividades curriculares como extraescolares, lógicamente, su “gasto familiar” será nulo, lo que no significa que dichas actividades no tengan un “coste” que alguien sufraga (por ejemplo, la Administración).
1.Las diferencias entre lo que las familias “gastan” en función del tipo de enseñanza hay que buscarlas, en gran parte, en las diferentes cuantías que los Centros reciben de la Administración y en las diferentes ofertas formativas que realizan.
2.¿Cómo es posible que la enseñanza pública reciba una financiación alumno/año que duplica a la concertada, cuando prestan el mismo servicio? Fácil de resolver: el módulo de conciertos soporta desde su inicio un déficit crónico que, lejos de disminuir, ha aumentado progresivamente en los últimos años. Y de esta manera, los Centros concertados han tenido que recibir ayudas o donaciones de las propias familias para cubrir gastos de funcionamiento que el concierto debería cubrir y no lo hace.
3.¿Por qué las actividades complementarias, extraescolares y los servicios complementarios suponen un desembolso mayor para las familias de la enseñanza privada y concertada, respecto a la pública?. Fácil de contestar: en gran medida, porque existe un abanico de ayudas públicas a favor de dichas actividades y servicios en los Centros públicos y no en la enseñanza concertada. Esta discriminación en ayudas de transporte, comedor, PROA, bilingüismo, redes de centros, Educa3, etc ha sido denunciada por Escuelas Católicas en reiteradas ocasiones ante el MECD y diferentes Administraciones educativas, así como ante los Tribunales obteniendo sentencias estimatorias.

Todo ello nos lleva a un principio ya conocido: la Administración pública viene incumpliendo de manera reiterada su obligación de destinar los recursos necesarios a los Centros concertados (establecida en la LOE), para que éstos puedan cumplir su función de impartir las enseñanzas en los niveles concertados.

A esta situación histórica se ha unido en los últimos tres años una cadena de recortes y reajustes sucesivos (Real Decreto Ley 8/2010, Real Decreto Ley 2/2012 y Real Decreto Ley 20/2012), que están afectando de forma directa y muy preocupante a la enseñanza concertada, tanto en el nivel retributivo de los profesores, como en los gastos de funcionamiento que reciben los titulares para la puesta en marcha de todo el mecanismo del Centro (personal no docente, mantenimiento, suministros, etc). Por ejemplo, si sumamos los recortes en la retribución de los docentes en pago delegado decretados por la Administración (un 5 % en 2011 y un 4,5 % en 2012), al incremento de la inflación en el período 2009-12 (8,5 %), podemos concluir que dichos docentes han visto mermada de forma considerable su capacidad adquisitiva

Asimismo, si analizamos el déficit histórico del módulo de conciertos con respecto al coste real de impartición, reconocido por todas las Administraciones públicas y la curva de incremento del IPC oficial en el período diciembre 1993 – junio 2012 y lo comparamos con la correspondiente al incremento del concierto (en la partida de Gastos de funcionamiento), apreciamos una pérdida real de la capacidad de los Centros del 30,54 % (sin tener en cuenta el impacto del incremento del IVA a partir de septiembre de 2012).

Luis Centeno Caballero.

Director Asesoría Jurídica de Escuelas Católicas

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