Blog Doménech Melé.-Profesor del IESE.-El último congreso de la European Business Ethics Network (EBEN), celebrado en Lille, Francia, del 12 al 14 de septiembre, ha tenido como tema de fondo “Licencia social para operar” (SLO, del inglés Social Licence to Operate), un concepto introducido en el argot empresarial en los últimos años. Se refiere a la aprobación de las personas o grupos afectados por actividades empresariales con un fuerte impacto en su vida o bienestar. Originalmente se enfocó a actividades empresariales como explotaciones mineras, ocupación de tierras para construir embalses o para fines industriales y, en algunos casos, para instalar explotaciones pesqueras.
La noción de SLO se desarrolló como respuesta a una iniciativa de las Naciones Unidas en 2004, que exigía a las empresas que operan en los territorios de pueblos indígenas que se aseguran de contar con el consentimiento de estas gentes para sus actividades. Un consentimiento que tenía que ser libre, previo e informado. Con ello se quería salir al paso de abusos de poder, de las empresas o de los gobiernos, que podían recibir fuertes compensaciones económicas, con frecuencia poco claras, y en detrimento de las poblaciones indígenas. Con ello se pretendía sensibilizar a las empresas que no basta la legitimidad legal para operar, sino que era necesaria también la legitimidad social otorgada por los grupos directamente afectados. La negociación, según los casos podía dejar escuelas, hospitales o incluso puestos de trabajo para la población indígena.
Más adelante, la SLO se aplicó a proyectos que presentaban riesgos para la seguridad o tenían un notorio impacto en el medio ambiente, como, por ejemplo la construcción de autopistas, líneas de ferrocarril, explotación de canteras, centrales de energía, particularmente de tipo nuclear, y depósitos de residuos. Las protestas que sucintan estos proyectos ha llevado a algunos a hablar del síndrome NIMBY (not-in-my-backyard – no en el patio de mi casa). Se reconoce la necesidad de cierta instalación o proyecto, pero hay oposición a su ejecución en la propia localidad o barrio.
La toma de conciencia de la SLO evita situaciones violentas y puede armonizar la actividad industrial con la aprobación del entorno social donde opera la empresa, pero tiene también sus problemas. Por una parte, las emociones y reacciones que surgen pueden estar basadas en temores infundados, o ser una estrategia para buscar algún tipo de compensación adicional. Surgen también dificultades prácticas cuando los grupos afectados no se ponen de acuerdo, o cuando un grupo es más poderosos que otro que quiere imponer su voluntad.
El concepto de “Licencia social para operar” permite verificar las expectativas de las personas afectadas y hasta negociar. Es, pues, interesante pero como hemos visto tiene sus limitaciones. Da legitimidad social, pero no necesariamente legitimidad moral. Esta última deriva de su conformidad con el bien común perseguido que incluye valores como la verdad o la justicia y, dentro de esta última, la voluntad de minimizar las malas consecuencias previsibles y, en su caso, proporcionar la debida compensación. En una ponencia presentada a este congreso, defendí junto con el profesor Jaume Armengou, ingeniero civil, de la Universitat Internacional de Catalunya, la importancia de la legitimidad moral, tanto por su valor intrínseco, como para actuar ante problemas derivados de falsos temores o de conflictos de intereses entre los afectados. Aparte de los razonamientos filosóficos nos apoyamos en el caso del túnel del tren español de alta velocidad (AVE), que el proyecto pasaba muy próximo a la cimentación del Templo de la Sagrada Familia. Hubo quejas abundantes por parte del Patronato de la Sagrada Familia y del vecindario y hasta cinco intentos judiciales de parar el túnel, además, de un debate en el Parlamento español. La empresa constructora, contando con la experiencia existente en ‘tunelación’ en otras ciudades e informes muy sólidos, defendió el proyecto ante las demandas judiciales, que fueron rechazadas en todos los casos.
El proyecto siguió adelante, aunque, por precaución, se instalaron una multitud de elementos sensores y se incluyeron más medidas de seguridad que las estrictamente necesarias. Estaban convencidos de que los temores eran falsos y de la verdad de la seguridad del proyecto. La línea del AVE funciona ahora normalmente y sin problemas. No obtuvieron la SLO, quizá también debido a una mejorable política de información y persuasión, pero actuaron con legitimidad moral en el proyecto. Ahora, nadie se queja, y tienen también legitimidad social