La reforma fiscal plantea varias medidas de apoyo a la familia, pero las asociaciones del ramo señalan que España sigue lejos de sus socios europeos en prestaciones, semanas de baja retribuida o ayudas para educación.
Expansión.-Tener un hijo en España supone un coste, sólo durante su primer mes de vida, de entre 1.910 y 2.500 euros, según estima la Federación de Usuarios y Consumidores Independientes (Fuci). A lo largo del primer año, se sitúa en un mínimo de 6.000 euros, para cubrir alimentación, ropa, productos de higiene, cuna, cochecito… El gasto hasta que el hijo cumple 18 años puede rondar los 104.238 euros.
Sin embargo, la única ayuda directa de la que se benefician las familias españolas es la prestación de 24,25 euros mensuales por hijo menor de 18 años. Además, está sujeta a un límite de renta muy bajo: 11.519 euros anuales –960 al mes– por lo que sólo una de cada diez familias lo recibe.
Cierto es que, con la reforma fiscal (que entrará en vigor en 2015), las familias numerosas podrán deducirse 1.200 euros anuales en el IRPF. De tener cinco o más hijos, la cuantía se eleva hasta los 2.400 euros. Aquellas familias que convivan con ascendientes o descendientes discapacitados tendrán el mismo derecho a la deducción, en forma de impuesto negativo. No ocurrirá lo mismo con las familias monoparentales, que el Gobierno no ha incluido en su plan.
Raúl Sánchez Flores, director de la Federación Española de Familias Numerosas (FEFN) tilda de «suicidio» el no apostar por medidas generosas de apoyo a la natalidad. Aunque sea caro, «tenemos que invertir en nuestro mejor capital humano: las familias y los niños. Las autopistas también son caras pero nadie duda de sus beneficios».
Sánchez Flores hace referencia al nuevo plan de choque que ha lanzado Portugal para fomentar la natalidad, en vista de que, en tan sólo 40 años, ha pasado de presentar los índices de fecundidad más altos de Europa a convertirse en el país más viejo del continente y el sexto del mundo, con una media de 1,28 hijos por mujer. Los índices de España siguen el camino de nuestro país vecino (1,32 hijos por mujer). Numerosas asociaciones urgen, pues, a imitar la alternativa propuesta por el PSD, partido del primer ministro Passos Coelho.
El plan propone que las madres con un recién nacido reciban, durante un año, su salario completo aunque trabajen media jornada, así como que las empresas contraten a embarazadas a cambio de la exención del Impuesto Social Único durante tres años, o que a los padres que pidan jornada reducida no se les reduzca el salario. Para que las medidas surtan efecto, aconsejan prolongarlas durante 20 años.
En el conjunto de Europa, ocho de cada diez familias reciben algún tipo de ayuda directa. Alemania concede 184 euros mensuales; Noruega, 125 euros; Dinamarca, entre 118 y 190 euros en función de la edad del niño. Junto a Suiza, Suecia y Austria, los países citados contemplan las ayudas hasta que el hijo cumple 18 años o acaba sus estudios.
Las 55-68 semanas de baja remuneradas de las que disfruta una madre sueca, o las 46-56 de una noruega, están muy lejos de las 16 que tiene una española. «Los países escandinavos son un buen ejemplo», apunta Teresa Blat Gimeno, presidenta de la Unión de Asociaciones Familiares (Unaf), ya que «invierten en políticas sociales desde hace muchos años y promueven la igualdad, la corresponsabilidad y la conciliación».
Se replantea los derechos que le corresponden al padre, quien, en España, dispone de 15 días de baja remunerados. Ello aunque en varias ocasiones se haya propuesto ampliarlo un mes: Ya lo sugirió Rodríguez Zapatero desde la oposición en 2007, en caso de ganar las elecciones, así como el PP en 2008.
«Los permisos deberían ser iguales e intransferibles», opina Blat Gimeno. Sánchez Flores defiende que los derechos deberían ir a la unidad familiar: «Ni todos los trabajos son iguales ni las circunstancias personales ni el cuidado de los hijos. Hay una tendencia demasiado intevencionista: las familias saben arreglárselas solas. Basta con no asfixiarlas con cargas impositivas que las empobrecen».
No es de extrañar, en este contexto, que el número de nacimientos siga disminuyendo en España. El Instituto Nacional de Estadística lo corroboraba recientemente: En 2013 nacieron 425.390 niños, el 6,4% menos que en el año anterior. «Se necesitan 250.000 nacimientos más de los que se producen anualmente para asegurar mínimamente el nivel de reemplazo generacional», alertan desde el Instituto de Política Familiar (IFP).
España sufre una tendencia al sobreenvejecimiento acelerado, al igual que Rumanía, Bulgaria, Grecia o Portugal. La ONU vaticina que, para 2050, el 34,5% de la población española tendrá más de 65 años, siendo el tercer país más viejo del mundo, detrás de Japón y Corea del Sur.
Ignacio García-Juliá, director general del Foro Español de la Familia (FEF) reconoce que «es un paso muy tímido». Todavía no se ha llegado a la consideración de la familia como sujeto jurídico a efectos de impuestos, señala: «Se sigue enviando el mensaje de que es mejor una declaración separada que conjunta, es decir, que es mejor que haya más cotizantes que un único cotizante [la familia]».
Pone el ejemplo de Francia, donde, a igualdad de base imponible se paga en función del número de miembros de la unidad familiar. Es decir, «la retención del IRPF no se realiza según la base imponible, sino según el nivel de vida». Francia es el país europeo con el nivel de natalidad más elevado: 2,01 hijos por mujer.
La reforma fiscal «es un paso positivo ya que supone un mayor apoyo para las familias con personas dependientes: las que tienen hijos de 0 a 3 años, personas mayores o discapacitadas, así como las familias numerosas, pudiéndose acumular todas esas desgravaciones, que además se recibirán por adelantado», explica Sánchez Flores, aunque no olvida la importancia de la prestación por hijo a cargo.