El Constitucional acaba de dar un espaldarazo al “divorcio salomónico”. Los jueces podrán establecer la custodia compartida de los hijos sin que medie un informe favorable del fiscal, como decía la ley de 2005. Hay posiciones encontradas. Mientras las asociaciones de padres aplauden la iniciativa, las de madres dicen que desprotege a los menores. En Asturias, tanto los padres separados como los jueces aplauden el fallo. Los primeros, porque verán más a sus hijos y se reducirán las pensiones. Los segundos, porque se les entrega un poder que antes era del fiscal, algo que se venía calificando de “inconstitucional”.
El juez Ángel Luis Campo, titular del Juzgado número 8 de Gijón, considera que se ha solventado una situación anómala. “El problema es que en el Congreso se coló que el fiscal tuviese un poder vinculante ante el juez”, indicó. “Hasta ahora, cuando el fiscal decía que no, aunque el juez estuviese de acuerdo, no se concedía la custodia compartida y se causaba un perjuicio grave al menor”, añade Campo. “Es un paso más en la igualdad de los padres en el tema de sus hijos”, añade.
Este tipo de custodias permitirá a los jueces adoptar una medida ya puesta en práctica por el propio Campo: conceder la propiedad de la vivienda familiar a los menores. Quienes se mudarían cada seis meses serían los padres y no los hijos.
Para la Asociación de Padres Separados, se evitarán “los impagos de pensiones, denuncias por incumplimiento de visitas, abusos de poder y manipulaciones, y se podrá ejercer de manera real la patria potestad por cualquiera de los padres”. Para el presidente de la asociación, Luis Manuel López, debe generalizarse. Con la custodia compartida, los hijos “tendrán más estabilidad y más contacto con ambos padres y la familia materna y la paterna, con lo que la separación será menos traumática”. Hasta ahora, muchos padres se encontraban con que no podían ver a sus hijos más que “4 o 5 días al mes”.
No obstante, el juez Campo no tiene tan claro que la generalización de este tipo de custodia vaya a evitar los impagos de pensiones, un problema al que no se pondrá coto hasta que “los jueces y los fiscales nos pongamos más severos”.
Otros grupos, como la Asociación de Mujeres Separadas y Divorciadas, acusan al Constitucional de desconocimiento. La custodia compartida supone, para ellas, “partir al niño por la mitad”. Debe ser “para el progenitor más idóneo”. Además, el menor puede recibir pautas educativas contradictorias. Para Mujeres Progresistas, este tipo de custodia “merma la protección de los menores”. Otra asociación de padres exige revisar las sentencias desde 2005, por haber dejado “huérfanos a 1,4 millones de niños”.