El Tribunal Constitucional, cada vez más desprestigiado

Miguel Massanet. Diario Ya.- Lin Yutang (1895-1976), escritor y filólogo chino, definía la sabiduría de vivir como: “eliminar lo que no es indispensable”; sin embargo, parece que la humanidad pocas veces comparte la opinión del filósofo chino y son muchos los que opinan que, como dijo Voltaire, “Lo superfluo, algo muy necesario“. En todo caso, ha llegado el momento en que la crisis, la burbuja inmobiliaria y las sub prime americanas, nos han hecho ver que la vida, basada en primar lo superfluo sobre lo estrictamente necesario, se ha convertido en un lujo que no nos podemos permitir y que, en consecuencia, conviene acostumbrarnos a una existencia más ascética, menos despilfarradora y, por supuesto, basada en una filosofía distinta al pelotazo, la riqueza especulativa y los negocios turbios, con los que muchos advenedizos han sido capaces de enriquecerse..

Y es que, mirando por ese camino estrecho al que nos veremos obligados a adaptarnos y viendo que los poderes públicos se muestran muy propicios a intentar que los ciudadanos de a pie aprendamos la lección, renunciemos a nuestras pequeñas comodidades y retrocedamos a niveles inferiores, en orden a una poco creíble salvación de la economía patria; no podemos dejar de comprobar que, en cuanto se trata de reducir el aparato del Estado, minorar el enorme tinglado de las Administraciones Públicas y disminuir de forma drástica todos aquellos puestos de funcionarios públicos, especialmente los de designación a dedo, que están costando miles de millones de nuestros impuestos; no parece que haya una clara voluntad de emprender la tarea. Lo mismo ocurre, cuando se plantea la reducción de sueldos de “sus señorías” los senadores y diputados. Por ello, nos cuesta creer que los grandes partidos de esta nación no se hayan puesto de acuerdo para eliminar de cuajo el Senado, el CGPJ y, ya puestos en materia, ¿por qué no suprimir de un hachazo esta institución que, de hecho se ha convertido en una cuarta instancia judicial, a la que conocemos como TC?

A la vista de las últimas actuaciones de este organismo artificial, presuntamente encargado de velar por la recta interpretación de los preceptos constitucionales, deberemos admitir que es difícil poder seguir sus argumentaciones, conseguir distinguir entre lo que está ligado a las ideas políticas de sus componentes o lo que debería ser una argumentación estrictamente jurídica. Si repasamos las sentencias del alto tribunal en los casos del Estatut catalán, ; la no menos absurda del caso BILDU, con su legalización y, esta reciente sobre el tema de los matrimonios homosexuales, un tema reducido a si se podían considerar como durante siglos se ha considerado unión entre varones y hembras o no; no podemos menos de sacar la conclusión de que los llamados magistrados ( los hay que ni siquiera lo son) de este discutible tribunal, no están tan pendientes de que se cumpla la Constitución en los términos en que la concibieron sus creadores, sino de que las versiones que se hagan de ella se ajusten al concepto que, los grupos de magistrados, conservadores o progresistas, tienen de las materias sobre las que tienen que dictaminar. En una palabra: este tribunal Constitucional se ha convertido en la reserva ideológica de la izquierda española y actúa siguiendo la tónica que les marcan los políticos a los que son afines.

Lo cierto es que las resoluciones que salen del TC sorprenden a legos y especialistas por igual y mucho más cuando se escuchan argumentos como el que parece que ha regido la decisión sobre los matrimonios homosexuales, que parece se basan en refrendar su constitucionalidad por el hecho de que han transcurrido años desde que se aprobó la Constitución (año 1978) y que, desde entonces, han variado las circunstancias sociales y la manera de ver las relaciones humanas de la ciudadanía. Y, señores, ¿esta circunstancia permite que, un grupo de magistrados, en lugar de aplicar la Constitución según está escrita, puedan legislar por su cuenta un función de atribuirse la facultad de interpretar la voluntad del pueblo? Evidentemente no, en absoluto, la función de modificar lo establecido en la Carta Magna le corresponde a las Cortes y siguiendo un escrupuloso procedimiento establecido en la misma Constitución. El hecho incomprensible de que, en aras a un cambio de circunstancias sociales, sea interpretado por un grupo de magistrados progresistas, según su propia concepción de lo que debería ser la sociedad; excede, y mucho, de sus competencias; como también se excedieron en entrar a valorar la prueba en el caso de la revocación de la sentencia del Supremo que ilegalizó a BILDU, cuando lo que les correspondía valorar era si, de acuerdo con los detallados informes presentados por la policía y la Guardia Civil, se evidenciaba la relación entre Bildu y Batasuna o ETA..

Puede que, al principio de promulgada nuestra Carta Magna, se precisara que un grupo de expertos se ocuparan de vigilar que la Justicia se aplicara de acuerdo con la normativa constitucional. Es obvio que, para ello, hubiera bastado y, seguramente, hubiera dado un resultado mejor, el constituir una nueva sala del Supremo encargada de velar por la recta aplicación de la Constitución, lo cual hubiera evitado, sin duda, esta dualidad de funciones entre ambos tribunales en la que, en ocasiones, es difícil poder distinguir a quién le compete tratar de un tema y a quien no. No obstante, creo que se debiera de tomar en consideración, dada la evidente politización del TC, del Consejo General del Poder Judicial y de los fiscales, para, vista la necesidad urgente de una reestructuración general de la Administración de Justicia, la revisión de competencias y la despolitización de todo el colectivo, de modo que acabe de ser mediatizado por los partidos políticos, por el gobierno; aprovechando para suprimir el TC, trasladando sus competencias al TS y darle, por otra parte, una nueva estructura, más reducida y más funcional al CGPJ, para que se ocupase de la disciplina y el control de jueces, fiscales y magistrados, en orden al seguimiento de su comportamiento y a las posibles faltas, irregularidades e infracciones que pudieran cometer en el ejercicio de su cargo.

Y es que, señores, ¿ a qué viene este despilfarro de funcionarios en puestos inútiles y politizados, cuando lo que hace falta es que haya más jueces imparciales que se dediquen a poner al día la infinidad de atestados pendientes de resolver?, ¿cómo es posible que, para dictar la sentencia sobre aquel bodrio que fue el Estatut catalán se precisaran cuatro años, para, finalmente, parir un monstruo que se ha demostrado ser la simiente de las veleidades nacionalistas de los políticos catalanes?,o ¿cómo se entiende que, para decidir sobre el caso del matrimonio gay, precisaran de siete años, para acabar por salirse por los cerros de Úbeda, inventándose una interpretación hecha a medida del mayoritario sector progresista? Y, puestos en materia, ¿cuándo se va a proceder a nombrar (si no se deciden a suprimirlo) un nuevo TC con personas independientes y apartidistas, que garanticen la ecuanimidad, el respeto por lo legislado y la justicia, sin aditamentos políticos?

Lo cierto es que el presidente del TC, señor Pascual Sala y el grupo progresista que lo apoya, se han venido cubriendo de gloria con la aplicación de la famosa doctrina del señor Mariano Bermejo, ex ministro de Justicia, cuando afirmaba que: “las leyes se han de aplicar según convenga al momento”. Basta el ejemplo de Bildu, un caso en el que, el TC, tumbó la sentencia del Supremo que ilegalizaba a la formación proetarra. El tiempo y Bildu se han encargado de darle la razón a la policía y a poner en ridículo al TC, que fue incapaz de ver lo que tenía delante de sus ojos. El mal ya está hecho, pero nadie se atreve a ponerle el cascabel al gato. O así es, señores, como lo veo.

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