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El PP cada vez está más lejos de ser un partido coincidente con el humanismo cristiano, más bien todo lo contrario, transita por caminos absolutamente diferentes. Ese hecho quedó claro cuando el ex ministro de Justicia Alberto Ruiz Gallardón se vio obligado a dimitir después de que Rajoy decidiera desistir de la reforma de la Ley del Aborto, una reforma pedida por un gran sector de la sociedad y que estaba en su programa electoral.
Pero no queda ahí la cosa, ahorael Secretariado de la Comisión Episcopal de Migraciones (Conferencia Episcopal) ha emitido un comunicado junto a Cáritas, Justicia y Paz y la Conferencia de Religiosos Españoles (CONFER) en el que exige la “retirada inmediata” de la reforma de la Ley de Extranjería que legalizará la devolución sobre la marcha a Marruecos de los inmigrantes interceptados en las vallas fronterizas de Ceuta y Melilla. La Iglesia vuelve a encontrarse con el Gobierno de Rajoy en un aspecto, esta vez tan importante, como los derechos humanos básicos.
Las entidades de la Iglesia expresan su “enérgico rechazo” de esta iniciativa introducida “a última hora” en el proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana mediante una enmienda del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que, tal y como explican, “pretende legitimar las expulsiones sumarias” en la frontera sur y “criminaliza la pobreza y la movilización social”. La iniciativa fue aprobada en el dictamen de la ponencia la semana pasada y llegará al pleno en los próximos días.
Para estas entidades, “la aceptación de las expulsiones sumarias que representa la aprobación de este Dictamen supondría consolidar legalmente un concepto de ‘frontera’ sinónimo de un territorio donde los derechos humanos están ausentes”, preocupación que, recuerdan, comparten la Comisión Europea y el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
“Entendemos que viola derechos humanos, da cobertura legal a una práctica ilegal que se viene constatando desde hace tiempo y no va a aportar soluciones a ninguna de las causas por las que las personas migrantes abandonan sus países de origen para, tras un arduo camino, llegar ante las fronteras de Ceuta y Melilla. En definitiva, sólo se logrará incrementar el sufrimiento de las personas y no se reducirán las llegadas”, dice la Iglesia.
Según detallan, las expulsiones sumarias vulneran además de la Carta Europea de Derechos Fundamentales, la Convención de Ginebra y el Convenio Europeo de Derechos Humanos; normativa como la directiva de Retorno o el Código de Fronteras Schengen, que establecen la obligatoriedad de una resolución motivada para la denegación de entrada en la que se indiquen los motivos exactos de la misma, así como el derecho a recurrir dicha resolución de forma informada y asesorada.
Hay alternativas
Por otra parte, recuerdan que la Ley Orgánica de Extranjería “ya cuenta con procedimientos legales para abordar los casos de entradas irregulares en España por puestos no habilitados y que conllevan una serie de garantías para las personas migrantes, como son la asistencia letrada, el derecho a intérprete” y, “aunque insuficiente, la posibilidad de solicitar asilo y refugio e identificar potenciales víctimas de trata”.
“Como ha señalado la Comisión Episcopal de Migraciones en el VII Congreso de Migraciones en el Vaticano, y ha afirmado recientemente el Papa Francisco ante el Parlamento Europeo, ‘Europa será capaz de hacer frente a las problemáticas asociadas a la inmigración si es capaz de proponer con claridad su propia identidad cultural y poner en práctica legislaciones adecuadas que permitan tutelar los derechos de los ciudadanos europeos y de garantizar al mismo tiempo la acogida a los inmigrantes'”, destaca la Iglesia.
Por todo ello, solicitan que se retire la disposición adicional “y se busque un consenso político en materia de inmigración”. “España debe liderar ese proceso y hacer ver a la Unión Europea que las vallas de Ceuta y Melilla son sólo la consecuencia de una política migratoria europea desenfocada”, afirman.
Además, piden “diálogo para buscar vías de acceso regulares para quienes no las encuentran nunca y no se vean empujados a dar un salto desesperado” y “solidaridad con quienes buscan la protección del asilo y el refugio huyendo de conflictos, persecuciones y los efectos de una política de cooperación internacional centrada exclusivamente en un modelo económico de crecimiento que propicia el descarte y la expulsión de los ciudadanos de sus países de origen”.
El Gobierno y los ‘vientres de alquiler’… fuera de España
Otro aspecto que aleja al PP del Humanismo cristiano es su decisión de admitir legalmente los ‘vientres de alquiler’ realizados fuera de España.
A pesar de que la Ley española prohíbe la maternidad subrogada, el Gobierno ha anuncido que va a legalizará los efectos en España de esta práctica cuando se hace en el extranjero. “Esto es absolutamente contradictorio pues incentivará hacer fuera de España lo que se considera tan malo como para prohibirlo en nuestro país; y además, discrimina según posibilidades económicas: quién tenga dinero para pagarse una maternidad subrogada fuera de España podrá legitimar a su hijo en España, y quienes no tengan dinero para hacer esta inversión en el extranjero se les aplicará la prohibición española”, destacó el presidente del Foro de la Familia, Benigno Blanco.
La maternidad subrogada (popularmente ‘vientres de alquiler’) supone en la práctica la compra de un niño a cambio de dinero y una nueva forma de esclavitud para mujeres que venden su capacidad de ser madres. “Resulta inadmisible –continuó el presidente del Foro de la Familia- en una sociedad comprometida con los derechos humanos que se admitan contratos sobre personas; por ello es razonable que las leyes, como hace la ley española prohíba ese tipo de contratos y afirme el principio de que la maternidad la determina el parto, es decir, que el niño es hijo de la madre que lo parió”.
El Foro de la Familia pide al Gobierno español que no admita legalmente los ‘vientres de alquiler’ ni en España ni fuera de ella. Y que por contra promueva, como ya se está planteando en otros países, que se incluya esta práctica entre las prohibiciones de trata de seres humanos establecidas en el convenio europeo de derechos humanos.
La maternidad subrogada es una nueva forma de explotación económica de mujeres pobres del tercer mundo que, muchas veces forzadas por situaciones de miseria, alquilan su cuerpo y venden al hijo que han tenido a personas ricas del primer mundo. En este sentido, Benigno Blanco señala que “es inadmisible que se dé validez jurídica en España a este tipo de prácticas. La mujer y su cuerpo y el niño por nacer, o ya nacido, no pueden ser objeto de tráfico mercantil si no queremos retroceder a épocas que creíamos superadas. El prohibir los efectos jurídicos en España de contratos de maternidad subrogada hechos en otros países, no tiene por qué afectar a la plena protección jurídica de estos niños nacidos por estas técnicas si llegan a estar en España; pues ya hay mecanismos en nuestro derecho, como el acogimiento o la adopción, para que ningún niño quede desprotegido”.
