El Consejo General del Poder Judicial CGPJ aprobará un informe en el que señala que la Ley de Memoria Democrática que prepara el gobierno social-comunista de España afecta a la libertad de expresión y al derecho de reunión.
(Agencias/InfoCatólica) El pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) estudiará la propuesta de informe sobre la ley de la memoria democrática de los vocales Roser Bach y Wenceslao Orea el próximo lunes.
El dictamen cuestiona la intención del Gobierno de Pedro Sánchez de disolver la Fundación Francisco Franco por hacer apología del franquismo, ya que, sostiene que, «sin el requisito adicional del menosprecio o humillación a las víctimas», el mero hecho de defender la dictadura franquista «está amparado por la libertad de expresión».
Los dos vocales -que relevaron a los inicialmente designados por el CGPJ ante sus discrepancias para cerrar un acuerdo- cuestionan que se quierasancionar a las administraciones que no impidan actos públicos de exaltación del franquismo y subrayan la necesidad de proteger el derecho de reunión.
Hubo víctimas en ambos bandos
En su opinión, proteger la dignidad de las víctimas frente a mensajes que les menosprecien o humillen y que exalten determinados hechos del pasado respeta el orden constitucional, pero con este anteproyecto se corre el riesgo detutelar de forma «asimétrica» la dignidad de las diferentes víctimas de ese periodo histórico.
A su juicio, la consideración de «actos contrarios a la memoria democrática» debería seguir la pauta del Parlamento Europeo, cuando en 2019 pidió«una cultura común de memoria histórica que rechace los crímenes de los regímenes fascistas y estalinistas, y de otros regímenes totalitarios y autoritarios del pasado (…)».
Sobre el derecho de reunión, recuerdan que el Constitucional estableció que »el carácter pacífico de una reunión no se ve alterado por el hecho de que en ella se expresen ideas o se persigan objetivos que puedan ofender o molestar a otras personas o colectivos«.
El derecho de manifestación y concentración, añadió el tribunal, «no puede ser sometido a controles de oportunidad política ni a juicios en los que se emplee como canon el sistema de valores que cimientan y dan cohesión al orden social en un momento histórico determinado».
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