Asociación Síndrome de Down Andalucía.El Pleno del Parlamento de Andalucía ha aprobado la Ley andaluza de los derechos y la atención a las personas con discapacidad, tras superar el debate final en la Cámara.
El nuevo texto legal se adecua a las exigencias de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, y pretende mejorar la calidad de vida de más de 720.000 personas con discapacidad y sus familias, para conseguir una sociedad más inclusiva y accesible, promoviendo la autonomía personal, la capacitación y el empoderamiento de las personas con discapacidad en la vida independiente y en la perspectiva de género, entre otras.
La consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, destacó en su intervención la participación que en la elaboración del texto y en su tramitación parlamentaria han tenido los agentes económicos y sociales, entidades y organizaciones públicas y privadas, así como los grupos políticos, que han presentado más de 400 aportaciones. «Se ha conseguido un proyecto que redundará en la igualdad de oportunidades, en la no discriminación y la accesibilidad universal de las personas con discapacidad», manifestó, agradeciendo «la colaboración estrecha y permanente de las entidades y colectivos» para garantizar los derechos ciudadanos a las personas con discapacidad.
En cuanto a su contenido, la ley parte de una reorientación de las actuaciones públicas desde un ámbito biosanitario y rehabilitador, centrado en la enfermedad, hacia un modelo social basado en las capacidades y en la interacción con el entorno, así como la participación real y efectiva en todos los asuntos que le son propios.
Para lograr la plena inclusión social, así como la transversalidad y coordinación de las políticas públicas dirigidas al colectivo, la futura ley prevé distintos instrumentos y medidas. Entre otros, destaca la elaboración de planes de acción integral para las personas con discapacidad en general y para las mujeres, así como otro de empleo para el colectivo.
En el ámbito formativo y del empleo, se establece para las ofertas de empleo público y las bolsas de trabajo temporal la reserva de un cupo no inferior al 10% del número de plazas para personas con discapacidad, y del 5% en los cursos de formación para el empleo y en los programa de escuelas taller, casas de oficio y talleres de empleo.
La ley reconoce específicamente el derecho de las personas con discapacidad en situación de dependencia a la asistencia personal para llevar una vida independiente. Por ello, entre otras actuaciones, obliga a impulsar viviendas tuteladas o compartidas para la promoción de la autonomía personal, así como cualquier otro tipo de apoyo a la vida independiente.
En Andalucía hay 583.018 personas (295.413 hombres y 287.605 mujeres) que tienen reconocido por los centros de valoración y orientación un grado de discapacidad igual o superior al 33% (datos a 12 de septiembre de 2017).
Fuente: http://www.juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/sociedad/125265/parlamento/aprueba/ley/discapacidad/mejorara/calidad/vida/personas/familias/Igualdad/politicas/sociales/Junta/Sanchez/Rubio
