Fuente: Aceprensa.
El informe oficial sobre abusos de menores en el ámbito católico fue entregado con gran publicidad el 27 de octubre por el Defensor del Pueblo al Congreso de los Diputados, que se lo había encargado. Es el estudio más amplio realizado en España hasta la fecha, pero es a la vez incompleto, por falta de documentación. De suerte que se parece a un boceto pintado con trazos gruesos, en el que una multitud de detalles clave quedan sin aclarar.
La necesidad de informar rápidamente de un documento de casi 800 páginas antes de poder leerlo tiende a provocar que las noticias no escarben más allá del resumen oficial, y tiene el peligro de que la atención se centre en un aspecto polémico pero alejado de lo fundamental. En este caso, la manzana de la discordia ha sido la estimación de 440.000 víctimas de abusos en la Iglesia, resultado de aplicar a la población española actual de 18 a 90 años el 1,13% que halla la encuesta incluida en el informe. Las personas abusadas por sacerdotes o religiosos –el 0,6% de la muestra– serían, según la misma regla, 233.000. Dejamos este asunto para el final; primero abordamos las principales aportaciones del informe.
Contexto
El documento incluye unos análisis de contexto tomados de varias fuentes, como informes sobre abusos en la Iglesia elaborados en otros países; un resumen de medidas de prevención y reparación que se han tomado en España y en el extranjero; una panorámica sobre el tratamiento jurídico de estos delitos; estudios sobre las raíces del problema. Al final extrae conclusiones y hace recomendaciones.
Los más de 400 testimonios de víctimas reunidos en el informe ayudan a hacerse cargo del daño que causan los abusos
En la parte central, el informe recopila datos sobre el abuso de menores en España. Unos provienen de las diócesis y de los institutos religiosos; otros, de los medios de comunicación, principalmente el archivo de denuncias recogidas por El País; otros, de los tribunales. Los materiales obtenidos por la propia oficina del Defensor del Pueblo para el informe son más de 400 testimonios de víctimas recibidos por el equipo creado al efecto. Se solicitaron estos relatos, como dijo Gabilondo, no con finalidad estadística, sino para atender y escuchar a personas que sufrieron abusos, y conocer las secuelas que les han quedado. No es una lectura grata, pero ayuda a comprender a las víctimas y hacerse cargo del daño que causan los abusos.
En materia de datos generales, la contribución que hace el informe es la encuesta de GAD3, la primera de escala nacional desde una publicada en 1994, que se hizo, a instancias del Ministerio de Asuntos Sociales, a una muestra de 1.800 personas. El Defensor del Pueblo encargó la última a fin de tener una estimación de la prevalencia de los abusos de menores en la Iglesia, y compararla con la de los cometidos en otros ámbitos y con la hallada en otros países.
Qué dice la encuesta
De hecho, la principal novedad que aporta el informe es, junto con los relatos de víctimas, la encuesta que incluye. Está hecha con una muestra compuesta por adultos de 18 a 90 años a los que se preguntó si habían sufrido abusos sexuales cuando eran menores de edad; a los que respondieron afirmativamente se pidieron detalles relevantes.
El 11,7% de los encuestados dijeron haber sufrido abusos. En la mayor parte de los casos, el agresor era un desconocido (22,5%) o un familiar (22%). Los sacerdotes o religiosos figuran en sexto lugar (6,1%), seguidos de los profesores (3,8%).