Tener ordenador en clase no sirve para mejorar el nivel educativo de los alumnos (16/09)
Tras la gestión de la Educación por parte del Estado, guardián que dice velar siempre por nuestro bien, se halla agazapado el afán de manipulación y control sobre la forma de pensar del educando. Se pretende moldearlo para que se convierta en un sumiso siervo del Sistema: no pienses, no seas crítico, no opines, no cuestiones. El fútbol y la telebasura serán el leitmotiv de tu existencia. ¿Ideología? Toda aquella que las instituciones tengan a bien inocular bajo el disfraz de ciertos valores supuestamente universales. No hay educación ni desarrollo sin libertad
Para centrar el tema, me hago eco de dos hechos acaecidos en Aragón en los últimos meses. Dos debates interesantes que han puesto en relación a la Educación, como derecho, con la libertad y el intervencionismo.
Así, una universidad privada, la Universidad San Jorge, pretendiendo impartir la enseñanza del grado de Magisterio, ha chocado de frente con la oposición agresiva de la universidad pública que, con el apoyo del propio Gobierno de Aragón, ha intentado dinamitar la iniciativa, entendiendo que no debía permitirse porque con dicha oferta se le robaba alumnos. El mismísimo presidente aragonés ha calificado el acto del centro privado como de “deslealtad”. Este debate, en pleno siglo XXI, me parece demencial. Y tacho de vergonzosa la actitud tanto de una institución como la Universidad de Zaragoza, como la del Gobierno de Aragón.
Considero que un centro de formación debe poder impartir las enseñanzas que considere oportunas, sin limitación alguna, siempre y cuando cumpla los requerimientos académicos exigidos para ello. Si el centro es público, además deberá atenderse a estrictos criterios económicos, pues no olvidemos que se nutre de dinero del contribuyente. Y si carece de alumnos suficientes para mantener determinada oferta, esa oferta debe desaparecer, y sin duda analizar las razones que llevan a su escasa demanda. Por supuesto que, si el centro es privado, estoy absolutamente seguro de que los criterios económicos de rentabilidad se contemplarán sin necesidad de exigirlos.
Libertad de elección
Jamás debería impedirse a un centro privado ofertar formación alguna, haya o no en la plaza oferta pública de la misma. La enseñanza privada no resta alumnos a la pública, y si así fuera, el ciudadano debería ser libre para elegir entre una u otra. Y la administración debería plantearse seriamente por qué su centro público no tiene demanda y el privado sí.
Un centro privado se guía por la atención a los intereses de sus clientes y se adapta al entorno. En muchas ocasiones, los centros públicos viven a remolque de los tiempos, con un profesorado apoltronado, acomodado, inserto en estructuras rígidas e inamovibles; unos centros guiados por criterios políticos, en los que la permeabilidad del escalafón atiende con frecuencia a las luchas intestinas entre diversas facciones ideológicas y sus camarillas de pelotas, trepas y amiguetes.
En lo que respecta al segundo debate, este ha tenido su origen en la apertura del colegio internacional Ánfora, un centro privado que ha sufrido también la discriminación político-ideológica por parte del gobierno aragonés, y que pese a sentencias del TSJA favorables a la apertura, se ha visto zancadilleado desde las instituciones y determinados medios. Se ha llegado a insinuar que el anterior ejecutivo (del PP y con Luisa Fernanda Rudi a la cabeza) podría haber favorecido su implantación en una localidad próxima a la capital aragonesa. Y yo digo: esa posible ayuda no habría sido necesaria, caso de haber existido, si la creación de centros educativos privados fuera libre, y no condicionada a la decisión del cacique político de turno. Debe existir libertad de empresa para implantar centros educativos allá donde la iniciativa privada lo considere oportuno.
Educación concertada
Otra cosa bien distinta es el asunto de la concertación de centros privados: en este caso, me muestro contundente en mi oposición a la realización de conciertos educativos, esa aberrante figura creada por el ministro Maravall durante el gobierno socialista de González. Un centro debe ser o público, o privado, pero no concertado. Nada de medias tintas, pues el concierto no deja de encubrir una subvención, forzada o no, a un centro privado. Este asunto quedaría resuelto de una vez por todas con el establecimiento del cheque escolar.
Finalizando. Si los centros públicos de cualquier índole temen la competencia de los privados, y emplean la guerra sucia de una posición privilegiada para impedirla, deberíamos plantearnos qué tipo de país estamos construyendo. Ambos tipos de centros pueden y deben coexistir, pero los ciudadanos deben ser libres para elegir. El Estado y sus adláteres no deben decidir por nosotros, y menos en materia educativa de nuestros hijos.
Acotando ideas, debemos exigir: primero, la libertad de empresa para establecer centros educativos privados; segundo, la libertad de los centros educativos privados para impartir las enseñanzas que estimen oportunas; y tercero, la implantación del cheque escolar. Solo así, quizás algún día, la enseñanza sea de calidad y se halle libre de la ideología del partido político de turno.
