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NiñaLa idea de que los niños tienen derechos fue una de las grandes innovaciones del pasado siglo. La convención de los Derechos del Niño, aprobada por la ONU en 1989, los trata como seres humanos dotados de la misma dignidad que los adultos, aunque necesitados, por su misma fragilidad, de una especial protección por parte de sus padres.
Sin embargo, ante ciertos derechos que hoy se quiere conceder a los niños en países de Occidente, cabe preguntarse si el motivo es el bien de los niños o la proyección de la ideología de los adultos.
La semana pasada la Asociación de Pediatras holandeses se expresó a favor de extender el derecho a la eutanasia a los menores de 12 años que la pidan. Se trata de llenar una “laguna” en la praxis de la eutanasia, que ya se puede aplicar a los mayores de 12 y a los recién nacidos con enfermedades graves. Como siempre en estos casos, se trataría de “circunstancias muy excepcionales”, para niños con una enfermedad terminal, que de acuerdo con sus padres podrían elegir una “muerte digna”. Con este paso, Holanda sigue el camino de Bélgica, que desde el año pasado permite que un menor pida la eutanasia con el consentimiento de sus padres.
No deja de ser curioso que en una época en que, por una parte, se dice que los adolescentes tardan más en madurar, por otra se sobreestime la capacidad de los menores para tomar decisiones que serían difíciles incluso para un adulto.
Decisiones que en algunos casos no tienen marcha atrás. Basta pensar en el nuevo “derecho” del niño a ser tratado como alguien del sexo opuesto, si así lo siente y elige. Un niño que dice sentirse “atrapado” en un cuerpo del otro sexo tiene un problema psicológico, llamado disforia de género. Como en cualquier otro desorden que uno pueda sufrir, habrá que prestarle una ayuda psiquiátrica para que resuelva su confusión sobre su identidad sexual. Pero algunos dicen que cualquier intento de torcer su voluntad es inútil y perjudicial. No solo lo dicen, sino que pretenden imponerlo. Así, en el Parlamento de Ontario (Canadá) está en trámite una ley que prohibiría a los profesionales sanitarios “llevar a cabo cualquier práctica que trate de cambiar o dirigir la orientación sexual o la identidad de género de un paciente menor de 18 años”.
Con lo cual, los menores perderían el derecho a obtener una ayuda sanitaria para superar su problema de identidad sexual, una ayuda que, según casos documentados, ha resuelto problemas de este tipo.
En cambio, se facilita que el niño asuma el género contrario a su biología, con tratamientos hormonales que bloqueen y cambien su desarrollo normal al llegar a la pubertad, e incluso con cirugía a los 18 años o antes. Esto, que es irreversible, no parece peligroso, aunque si algo caracteriza a los adolescentes es su exploración de nuevas identidades y su falta de previsión.
Tampoco hay pruebas de que esto vaya a resolver su problema. Un estudio sueco del Karolinska Institute, que desde hace una década practica la cirugía de reasignación de género, encontró que la tasa de suicidio entre los pacientes que habían pasado por ella era 19 veces superior a la población general. Por eso, Paul McHugh, profesor de psiquiatría en la Johns Hopkins University y experto mundial en cuestiones de transexualidad, es escéptico sobre el uso de la cirugía para resolver un problema psicológico, y más en los niños. “Dado que cerca del 80% de estos niños superarán su confusión y crecerán de un modo natural si no se les somete a tratamiento, estas intervenciones médicas podrían considerarse casi como un abuso infantil”, dice.
Entonces, ¿por qué se prohíbe una ayuda psiquiátrica, que no impide nada, y se facilitan unas intervenciones que no tienen vuelta atrás? ¿Por el bien del paciente o porque responde a las presiones de activistas transgénero que quieren normalizar su condición? En estos casos parece que el criterio es “los adultos primero”.
Mientras surgen estos nuevos derechos, los niños pierden otros que parecían derechos adquiridos: como el derecho a ser criados por un padre y una madre, el derecho a no ser fruto de una transacción mercantil a través de un vientre de alquiler, o el derecho a no ser adoctrinados en la escuela con programas de “educación de la afectividad y de la sexualidad”, con los que se disfraza una ideología de género que no quiere decir su nombre.
En defensa de estos derechos están saliendo a la calle en países como Francia e Italia (cfr. Aceprensa 23-06-15) organizaciones familiares surgidas de la sociedad civil, que no están dispuestas a que sus hijos sean manipulados por ideologías que deberían defender sus posturas a cara descubierta sin instrumentalizar el cauce escolar. Es lo mínimo que exige la dignidad de los niños.