Eduardo Martínez Abascal, profesor del IESE.-
De todo el gasto público autonómico, que ronda los 150 millardos o miles de millones (dato Ministerio de Hacienda, 2012), la partida más importante es salarios (unos 53 millardos), seguida de transferencias (unos 40 millardos).
Estas transferencias van a una multitud de organismos o entes públicos, distintos de la Administración General, como son fundaciones, consorcios, institutos, observatorios, empresas públicas, agencias, etc. Sus empleados cobran del erario público, pero en la mayoría de los casos no son funcionarios. Desgraciadamente, hay mucha evidencia entre la población de políticos que pierden su puesto en el ayuntamiento o en la dirección general de turno y acaban contratados por uno de estos organismos, fundaciones, etc. De hecho las transferencias es el concepto más opaco dentro de las cuentas de la administración pública, sea esta central, autonómica o local.
Ahora tenemos acceso en la web a la lista de todos esos organismos, tanto de la administración central como autonómica (sólo faltan los de País Vasco, Baleares, Ceuta y Melilla). Es un detalle de transparencia por parte de la administración pública: ¡¡¡ya era hora!!!
En 2007 teníamos 1.496 de estos entes públicos. En 2010 pasamos a tener 2.340 (casi un 60% más). Cada uno de ellos con su director general, su personal, coches, oficinas, etc. Es mucha gente y mucho gasto… y eso que estábamos en crisis. ¿Tan necesarios eran esos organismos? Porque hasta 2008 no los teníamos y nadie los echaba en falta. Creo que la administración pública cuenta con suficiente número de funcionarios con todo tipo de calificaciones para llevar a cabo la mayoría de las tareas que se encargan a esos observatorios e institutos.
Durante el periodo 2007-10, los que más incrementaron estos entes públicos fueron Cataluña (que pasó de 244 a 472); Madrid (de 101 a 196) y Castilla La Mancha (de 54 a 99). Los que más entes cuasi públicos tienen en 2013 son: Cataluña (449), Andalucía (358) y Madrid (189).
En 2012 se ha realizado por primera vez una reducción del gasto público (tanto autonómico, como central y local). Esa reducción ha sido básicamente en salarios públicos y en inversiones. Honestamente, creo que antes de (o además de) reducir salarios de funcionarios, se debería limpiar esa red (¿maraña?) de entes, organismo y empresas públicas, muchas de ellas (no todas) de dudosa utilidad y que a veces realizan funciones que podría realizar la administración pública directamente. De hecho la mitad de estos entes no existían antes del 2007 y no pasaba nada. Sin embargo su reducción ha sido muy pequeña. En 2007 había 1.500, en 2010, 2.340, y en 2013 la cifra apenas había bajado un 12% hasta los 2.050.
Pero me da la sensación de que los gobernantes son muy remisos a reducir estos, entes pues es ahí donde colocan a la gente de su partido. La ciudadanía aceptaría mejor los recortes si vieran que los políticos son los primeros que recortan sus cuantiosos gastos.
