Desde hace ya varios años la Actualidad educativa.-Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE) presenta un informe anual sobre el coste de la enseñanza por alumno en España en sus diferentes redes: pública y concertada.
El estudio es concienzudo por todos los datos considerados y su riguroso análisis descriptivo a partir de la información suministrada por el Ministerio y, en su caso, las CC.AA. La credibilidad del informe, recogido año tras año por múltiples medios de comunicación, radica en ese mero análisis descriptivo a partir de unos datos objetivos de fuentes externas a CECE.
Nos parece perfectamente legítimo (aunque no lo compartamos) que determinadas formaciones políticas y sindicales no sean precisamente “favorables” a la existencia de los conciertos educativos e, incluso, a la de centros de titularidad privada. En esa misma clave, entendemos que estas formaciones busquen iniciativas con el objetivo de “desmontar” un estudio como el de CECE, cuyas conclusiones se extrapolan de un mero análisis descriptivo de datos.
Y ese ha sido el objetivo del reciente estudio presentado por IU sobre el coste de la plaza escolar: conseguir un titular en el que se indicara que no hay diferencias de coste y, además, vinculando a la red pública como garante de la educación de calidad con equidad, lo que no hace la concertada. Es decir, la ideología al servicio de los datos.
Pues bien, el citado estudio, a pesar de las permanentes descalificaciones sobre el presentado por CECE (burda manipulación, falta de rigor, falseamiento de los datos), refuerza la credibilidad del informe de nuestra patronal. Sorprende cómo, de modo deliberado, los autores del informe introducen unas variables correctoras para, de esta forma, anular el impacto positivo de ahorro de la red concertada.
La parte más significativa del ahorro, cierto y evidente, que se da en los centros concertados con respecto a la red pública es debido a tres factores: ratio de alumnos por aula (ya que es más alto en la red concertada); ratio profesores por aula (menor en la concertada por cuanto su dedicación horaria lectiva es mayor); salarios de los docentes que son menores en la red concertada que en la pública.
Estos desajustes conocidos se obvian en el informe, equiparando la ratio alumnos-grupo, la ratio profesores-grupo y el coste salarial. En resumen el estudio responde a la pregunta ¿si las condiciones fueran las mismas; mismo número de alumnos, mismo número de profesores e iguales salarios, cuáles serían los costes? Y la respuesta debería ser obvia: el coste sería el mismo. Aún así, y con cierta extrañeza, en el resultado presentado aparece 1 € de diferencia.
Por tanto, ni los datos son ciertos ni partimos de una misma realidad, luego las conclusiones parecen de dudosa validez.
CECE alaba la extraordinaria labor de la red pública y comparte que dicha red, por diversas razones, como escuelas rurales y unitarias por ejemplo, pueda suponer un mayor coste que la red concertada. Pero esto no es óbice para que CECE muestre, con datos objetivos y la realidad cotidiana de los centros, que en situaciones similares el coste de la plaza concertada es, aproximadamente, un 50% inferior al coste de la plaza en la red pública. Para comprobarlo bastaría con hacer el cálculo de lo que supondría a la Administración pública eliminar el concierto de un centro de titularidad privada y pasarlo, a modo de expropiación, a la red pública. La consecuencia sería cómo con los mismos alumnos y las mismas horas de clases, el coste aumentaría en torno a ese 50% al necesitar más docentes con un mayor salario, a lo que habría que sumar los necesarios gastos de inversión y funcionamiento ordinario, que con el concierto se ahorra en su práctica totalidad el erario público.
En resumen, el informe de CECE y el presentado por IU ratifican la credibilidad de nuestro estudio anual. Para nuestra patronal es un acicate en nuestro permanente compromiso con la mejora de la educación en España (tal como se demuestra en todo tipo de evaluaciones diagnósticas del sistema y en la alta demanda de las familias) y con el aumento de las libertades en nuestro país para que las familias puedan elegir en igualdad de condiciones la educación que desean para sus hijos, ya sea en un centro público, concertado o privado.