Carlos Gómez-Jara pide condenas a los centros por el acoso escolar: «Tienen la obligación legal de proteger a los niños en el recinto».El prestigioso penalista pide una reforma legal para definir el acoso escolar, crear canales de denuncias anónimos y un registro público con los centros condenados por este asunto.
No hay experto capaz de cuantificar el dolor de un niño que sufre acoso escolar»
Asociaciones y familias piden una ley contra esta práctica, que sufren unos 256.000 niños en España.
Fuente: La Razón
En entrevista a LA RAZÓN, habla de «estadísticas devastadoras» sobre el «bullying» y avisa que los colegios no tomarán medidas preventivas reales contra esta lacra hasta que no vean la amenaza real de una condena.
Usted ha emprendido una cruzada para que se comience a condenar penalmente a los colegios por los casos de acoso a niños ocurridos en el recinto. ¿Por qué?
Porque el Código Penal así lo prevé. Hay que revertir la situación actual y los niños no pueden hacerlo por ellos mismos. Es inaceptable que los niños, en muchas ocasiones menores de 14 años, se suiciden o intenten suicidar como única vía para escapar del acoso escolar. Hay que emplear todas las herramientas que estén a nuestro alcance para evitar que sigan produciéndose estos episodios y la condena penal de los colegios es una de esas herramientas desde octubre de 2022.
Según la ONG Bullying sin Fronteras, en 2024 España se situó como número uno mundial de acoso escolar con más de 300.000 casos. ¿A qué se debe esta cifra récord? ¿Puede, en parte, ser por el silencio que impera en los colegios sobre este asunto?
Estas cifras tan dramáticas se deben a múltiples factores. Pero, al menos en mi opinión, un factor decisivo es la impunidad de los colegios en materia de acoso escolar. Los colegios en España no han estado sometidos a un sistema de incentivos o desincentivos alineado con los intereses de los niños de nuestro país. Hasta la reforma de 2022, los colegios que infringían las obligaciones de prevención y detección del acoso escolar, no podían ni siquiera ser multados por dichas infracciones. Había un sistema de obligación sin sanción. Únicamente respondían civilmente, lo cual podía cubrirse con un seguro.
El Gobierno, en un informe de 2023, expuso que un 9,53% del alumnado ha admitido haberse sentido acosado. ¿Le da fiabilidad al dato o cree que puede ser mayor y que muchos niños ocultan su situación por falta de apoyo?
Las estadísticas en este ámbito son dramáticas. Resulta evidente que existe una importante cifra negra. Por ponerle un ejemplo, un reciente estudio de la Universidad Complutense de Madrid junto con la Fundación Colacao, llevado a cabo en 2023, arroja un resultado, cuando menos, alarmante: poco más del 19% del alumnado reconoce haber sufrido situaciones de maltrato entre estudiantes que podrían derivar en acoso escolar, tales como llamar por motes o burlarse. Además, se reconocen como acosadores un 2% y la más escalofriante: el 20,4% de las víctimas declara haber intentado quitarse la vida alguna vez.
Si una empresa responde penalmente por hechos cometidos por un trabajador o un partido político por alguno de sus miembros… ¿Por qué no ocurre lo mismo con los colegios?
Porque hasta octubre de 2022 los colegios no tenían responsabilidad penal de conformidad con la legislación penal. Esta es la situación que hay que revertir, pero por la dinámica propia de la responsabilidad penal, porque sólo pueden dictarse condenas por hechos acontecidos, investigados y enjuiciados con posterioridad a la entrada en vigor de la ley, los casos tardan tiempo en llegar a los tribunales.
Si a ello se le añade que esta reforma ha pasado bastante desapercibida y que en muchas ocasiones los padres prefieren cambiar a su hijo de colegio para olvidarse del calvario que sufren sus hijos acosados, las cifras de denuncias contra colegios son bajas. Por eso hay que denunciar, denunciar y denunciar. Sólo así se revertirá la situación.
