Donald Trump se comprometió a luchar por la libertad religiosa al comienzo de su mandato y tras su última instancia a la Corte Suprema de EEUU parece que la promesa no era un simple ardid electoral.

(Actuall) El Departamento de Justicia ha presentado un amicus -un informe presentado por una persona que a pesar de no tener interés directo en el caso, interviene porque están en juego los derechos fundamentales- para que la Corte Suprema se pronuncie sobre el caso de la tarta gay.

Es decir, Trump quiere que la ley ampare a aquellas personas que por motivo de sus creencias religiosas se nieguen a ejercer una tarea que vaya contra estas.

Jack Phillips, el panadero

Este caso comenzó en 2012 cuando una pareja homosexual acudió a la pastelería de Jack Phillips, en Lakewood, Colorado, para encargar una tarta especial que estuviese a la altura del día de su boda.

El pastelero se negó alegando que hacer una tarta como ellos pedían para una boda homosexual iba contra sus principios -no se negó a vender una tarta ya hecha, sino a hacer la que ellos pedía- y les recomendó otras pastelerías en las que podían encontrar esos servicios.

Así lo hicieron, pero además de la tarta esta pareja demandó el negocio privado del pastelero ante la unión americana de las libertades civiles (ACLU) por no aceptar su encargo.

Se decretó que el señor Phillips había violado la ley de antidiscriminación del estado y fue multado. No es el único caso, Actuall ya recopiló una serie de casos -la mayoría relacionado con eventos de boda gay- en los que los dueños de negocios particulares fueron multados por negarse a cumplir los encargos de bogas LGTB.

Pero en el caso del pastelero Phillips, para no volver a contradecir la ley, lo que hizo fue cesar sus servicios de elaboración de tartas y vender únicamente lo que tiene en la tienda, aunque esta decisión le costó lamentablemente el puesto a seis de sus diez empleados, informa LifeSite.

Ahora el caso se encuentra en manos de la Corte Suprema de EEUU, que puede crear un precedente y permitir a aquellas personas que por motivos religiosos no quieran realizar ese tipos de servicios, negarse de forma legal.

En el escrito que ha elaborado el Departamento de Justicia se destaca que «forzar a Phillips a participar en una ceremonia que viola sus creencias religiosas invade sus derechos enmarcados en la Primera Enmienda» (la cual prohíbe crear una ley que impida la practica de un credo religioso). E insiste el Procurador General Jeffrey B. Wall, uno de los autores: «Las bodas son ritos sagrados en el ámbito religioso y ceremonias profundamente simbólicas en el secular».

Ese informe le recuerda además a los nueve magistrados de la Corte Suprema, que en el documento que la Justicia elaboró para legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo se enfatizó la necesidad del respeto a la Primera Enmienda para los objetores religiosos.