La vil masacre judicial y educativa del PSOE

2 diciembre, 2018

Queridos y grandes amigos: parece fuera de toda duda que, entre otros muchos asuntos, la seguridad jurídica y la eficiencia del sistema educativo son esenciales para fomentar la competitividad de un país, atraer inversiones y generar empleo. La seguridad jurídica no solo deviene de la calidad legislativa sino en gran parte de la capacitación profesional de los jueces y magistrados, que tienen que lidiar con un mundo cada vez más complejo, y para el que, como se ha visto con reiteración en los últimos casos, carecen frecuentemente de la debida preparación en lo que se refiere a los asuntos económicos que por mor de la globalización y las nuevas formas alternativas de prestar bienes y servicios a los ciudadanos exigen una formación continua, una actitud abierta ante el cambio y el fortalecimiento de los principios sagrados de la carrera judicial, que son defender y aplicar la ley emanada de los representantes del pueblo sin prestar atención a las hordas que dominan la calle, azuzada en la coyuntura política aciaga que vivimos por el partido totalitario Podemos, con la colaboración casi siempre del PSOE.

Es inobjetable que el Partido Socialista está en el origen de los males que aquejan a la Justicia, pues una vez que el señor González ganó las elecciones generales de 1982 con una mayoría aplastante de 202 diputados, pronto se dio cuenta de que su proyecto de transformación social para que a “España no la reconociera ni la madre que la parió”, según dijo Alfonso Guerra, iba a tropezar con algunos obstáculos que no eran otros que los debidos pesos y contrapesos de un país civilizado, pero que se antojaban molestos no solo a Guerra sino al conjunto del Gobierno. El más importante era la justicia. Enseguida se propagó la especie de que la mayoría de los magistrados se oponía al cambio, se empezó entonces a adjetivar nocivamente a los jueces como conservadores o progresistas, con desprecio absoluto de su prurito profesional, y se decidió que la única manera de cambiar el statu quo era diseñar una nueva fórmula de elección del Consejero General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo que respondiera al equilibrio de fuerzas parlamentarias, lo que sucedió en 1985. Es decir, que los máximos órganos de decisión judicial se eligieran por los partidos políticos de acuerdo al resultado electoral, que desde 1982 y durante los 14 años posteriores fue favorable al Partido Socialista. También se cometieron atropellos adicionales como facilitar la incorporación a la magistratura, a través del tercer y cuarto turno, de abogados con años de servicio pero sin oposición, y en fin, se entró en una espiral de devaluación de la carrera judicial que no ha parado hasta la fecha, como se ha constatado con el fallido proceso de renovación del Consejo en el que ni el PSOE ni el PP han estado a la altura.

Los populares han sido corresponsables hasta la fecha de la degeneración judicial. Ni Aznar ni Rajoy tuvieron intención alguna de cambiar el sistema de nombramiento de los magistrados una vez en el poder y con la sartén por el mango. Por eso es bueno que el actual presidente, Pablo Casado, después de cometer la torpeza de reincidir en el error, ahora haya hecho un ejercicio tardío aunque sano de apostasía y esté promoviendo una vuelta al sistema de elección que consagró inicialmente la Constitución, y que habilitaba a los propios jueces para designar por mayoría su propio gobierno a través de un sistema de garantías debidamente establecidas. Este sería un paso crucial para fortalecer la independencia del poder judicial y para acabar con el manoseo obsceno a que lo han sometido todas las formaciones políticas que nos han gobernado.

Pero hay un tumor todavía más cancerígeno para la salud de la nación, y más difícil de arreglar, y no es otro que el sistema educativo, manejado por la izquierda ya desde los tiempos de Franco, y que consiste, por resumir, en facilitar al máximo la vida de los estudiantes para que todos obtengan la calificación correspondiente al margen de su capacitación, de su actitud, de sus méritos, y obviando la sana cultura del sacrificio. Esta ha sido la filosofía igualitarista que la izquierda ha defendido siempre, la que se implantó de manera oficial con la Logse hace 30 años y a la que quiere volver la ministra Celaá, a la que importa bastante poco lo que cada informe PISA detecta: que nuestros hijos están entre los peores de Europa en comprensión lectora, en el ejercicio de las matemáticas y en la identificación de los hechos históricos. Como bien suele explicar la experta Alicia Delibes, el pedagogismo y el igualitarismo, genéticamente izquierdistas, están en el origen de todos los males que padecen nuestros bachilleres y universitarios. Trató de romperlo el presidente laborista Tony Blair en el Reino Unido (seducido por las buenas ideas de Thatcher), hace un año que Macron se conjuró para que los niños franceses aprendan bien a leer, escribir, expresarse correctamente y dominar las más elementales reglas de la aritmética, pero aquí en España el retorno accidental e ilegítimo de los socialistas nos promete otra ley de educación en la que se desprecia el esfuerzo, se abandonan las reválidas, se acaba con los itinerarios que aprovechaban las aptitudes e inclinaciones de los alumnos, y se permite pasar de curso sin haber aprobado todas las asignaturas en aras de “proteger la autoestima” de los estudiantes. Vistos los resultados espantosos de este modelo, cuyo fracaso está probado, estamos ante un ejercicio que roza la delincuencia, cuyo único fin es el que ha animado a los socialistas, una vez que lo obtuvieron: permanecer en el poder a cualquier precio, a toda costa, ya sea con jueces títeres o con jóvenes adocenados y esclavos.
Expansión.30/11/2018.Miguel Ángel Belloso

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