El PP redobla su apoyo a la concertada con un decreto|| La Razón

3 octubre, 2018

El Gobierno de Sánchez quiere hacer daño a propósito a Madrid y aquí se hace una política opuesta a la del PSOE», dijo ayer el presidente regional, Ángel Garrido, tras el consejo de Gobierno. Y es que Garrido se ha metido a fondo en la guerra ideológica contra el Gobierno central en materia educativa. Si la ministra Celaá hablaba de cambiar la ley educativa vigente (Lomce) para garantizar que la enseñanza pública prevalezca sobre la concertada, aunque haya «demanda social» de estos colegios por parte de los padres, Garrido se ha lanzado a defender con ahínco que, por encima de todo, lo que debe prevalecer es la libertad de los padres para elegir el centro en el que quieren que estudien sus hijos y ha hecho una férrea campaña en defensa de la escuela concertada en la que, por cierto, estudia uno de cada tres niños madrileños. El «ataque» socialista a la concertada se ha convertido en la espoleta que ha hecho que el Gobierno regional desempolve el borrador de decreto de régimen de conciertos educativos, que regula las «reglas de juego» por las que se deben regir estos centros para poder recibir subvenciones públicas como una forma de hacer oposición a las políticas del Gobierno central. El documento, que pretende sacar adelante antes de las elecciones de mayo (aunque requiere una tramitación de 6 meses) y que afectaría a 570 colegios de la Comunidad, contiene una importante carga política en comparación con el del año 1985 que es el que regula su funcionamiento a nivel nacional. Así, el borrador, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, defiende ya en su preámbulo la libertad de enseñanza, una de las cuestiones que forman parte del ADN del Partido Popular sobre el que Garrido se ha convertido en abanderado en la Comunidad. Así, puede leerse: «La diversidad se ve enriquecida por un elemento diferenciador adicional que aportan los centros privados: su ideario. La libertad de enseñanza no se garantiza sólo por la mera coexistencia de aquellos con los fondos públicos, sino que alcanza su plena expresión con la posibilidad real para las familias de elegir entre la pluralidad de opciones, con distintos principios orientadores, metas y prioridades». Y no sólo en el preámbulo, también desde el artículo 1 se habla de «libertad de elección».

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