Varapalo del Tribunal Constitucional a Cantabria por la educación diferenciada

21 julio, 2018

Tumba la decisión del Gobierno regional de no conceder el concierto a un colegio que separa por sexos, al considerar que la medida vulnera la libertad educativa.
La Justicia ha vuelto a respaldar la educación que separa por sexos.
Una sentencia del Tribunal Constitucional acaba de declarar nula la decisión tomada por el Gobierno cántabro en 2009 de no conceder el concierto educativo al colegio Torrevelo (Santander) porque considera que vulneró el derecho fundamental a la libertad educativa, aunque ese centro volvió en 2011 a ser concertado.

En su resolución, que estima el recurso de los representantes de los padres del colegio, el Constitucional señala que la decisión del Gobierno -formado por el Partido Regionalista de Cantabria (PRC) y el PSOE- vulneró los derechos de estos tutores a elegir centro y tipo de formación de sus hijos. El tribunal indica, además, que al denegarse la renovación de ese concierto -que hasta 2009 tenía el Torrevelo- se produjo «una injerencia en la libertad educativa de los padres de los alumnos» que recoge el artículo 27, apartados 1 y 3 de la Constitución. El fallo supone un nuevo varapalo a las distintas administraciones públicas autonómicas que han presentado recursos ante los tribunales para acabar con la educación diferenciada.

Como cualquier otro

En total, 219 centros en nuestro país siguen este modelo pedagógico que defiende que separar a los alumnos y las alumnas en el aula mejora el rendimiento académico. Representan apenas el uno por ciento de todos los centros que existen en España. Todos son de titularidad privada, aunque la mitad (109) disponen de concierto educativo (subvención pública), según la Asociación Europea de Centros de Educación Diferenciada (Easse). La gran mayoría de estos colegios son de inspiración cristiana y una treintena pertenecen, en concreto, a Fomento de Centros de Enseñanza, una institución educativa impulsada por un grupo de padres y educadores vinculados al Opus Dei.

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Comunidades como Cantabria, Asturias y, sobre todo Andalucía, fueron las que llevaron más lejos sus objeciones a que este tipo de educación recibiera subvenciones públicas. En 2012 el Tribunal Supremo se pronunció a favor de la decisión de la Junta de Andalucía de retirar las ayudas a varios de estos centros andaluces. No obstante, con la aprobación de la Lomce, el Tribunal Supremo (TS) tuvo que volver a pronunciarse ante nuevos recursos de los colegios y en esta ocasión sostuvo, sin esperar a que resolviera el Tribunal Constitucional que, de acuerdo a la ley, los centros tienen derecho a percibir las subvenciones. En mayo de 2017 la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TS reconoció el derecho a la subvención a nueve centros de educación diferenciada por sexo existentes en Andalucía.

En abril de este año el Tribunal Constitucional dio por zanjado el tema al fallar en contra de un recurso del PSOE sobre cinco puntos de la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (Lomce), entre ellos, la financiación pública de la educación diferenciada. En su sentencia el tribunal recuerda que la separación por sexos entra dentro de la libertad de enseñanza. Se trata de un modelo como cualquier otro, por lo que no hay razón para excluirlo de esa financiación pública, pues es plenamente constitucional.

Apoyo de Madrid

Pese al varapalo judicial, el Gobierno de Pedro Sánchez sigue empeñado en restringir la educación concertada a través de una reforma «urgente» de la Lomce. Ante las sucesivas amenazas, el presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, salió este jueves en defensa de la libertad de elección de los padres. Tras una reunión con los representantes de las principales asociaciones y sindicatos de la educación concertada madrileña, Garrido aseguró que su Gobierno está decidido a «apoyar un modelo educativo amparado por la Constitución, que hace posible la existencia de una oferta diversa y adecuada a la demanda de las familias».

Además, anunció la intención de regular el ordenamiento de todos los centros concertados con un nuevo decreto para transmitir «tranquilidad y confianza» al sector. El Gobierno regional sufragará la incorporación de orientadores en la etapa de Infantil y Primaria en los centros concertados, lo que supondrá una mejora en la atención educativa para los alumnos.

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