¿Misma sanidad en toda España? El gasto por CCAA difiere un 50%

4 mayo, 2018

El Economista. Puede ofrecer la misma atención sanitaria y resultados una comunidad autónoma que invierta este año 1.695 euros por habitante en su sistema de salud que otra que dedique 1.158 euros? Es la distancia, 537 euros, que separa el gasto presupuestado por persona protegida del País Vasco del de Andalucía en 2018, cuando el esfuerzo de ambas regiones es muy similar, ya que la partida sanitaria absorbe el 32,14% y el 31,7% del total del gasto presupuestado, respectivamente, según el informe sobre los proyectos de cuentas autonómicas para este año del Ministerio de Hacienda.
Aparte del sistema privilegiado de financiación que gozan las dos comunidades forales en España, la brecha abierta en la atención de una sanidad autonómica que se financia con cargo a los impuestos generales del Estado no se ha corregido durante la última década, más allá de la composición de su población por grupos de edad, que condiciona el nivel de financiación recibido por cada región, entre otros criterios de superficie o dispersión demográfica. | Radiografía del sistema sanitario español

Asturias, Aragón, Extremadura, además de Navarra, exceden en más de 200 euros de gasto per capita la media nacional de gasto, situada en 1.264 euros por habitante en 2017. También está resultando desigual el esfuerzo por recuperar el nivel de gasto previo a la crisis económica. Solo ocho regiones (Aragón, Asturias, Baleares, Cantabria, Castilla y León, Valencia, Madrid y Navarra) habían logrado remontar en 2017 el nivel de gasto per cápita presupuestado en 2010. Pese al alza media del 4,4% de las cuentas autonómicas para sanidad de 2018, el gasto público sanitario total no alcanzará el máximo histórico de 72.939 millones de euros de 2009.
A la vista de las asimetrías en el nivel de gasto que cada región decide o puede invertir en su sistema de salud, cabe preguntar cómo repercute en los ciudadanos a la hora de disponer de infraestructuras y recursos asistenciales. El portavoz de Sanidad de Ciudadanos en el Congreso, Francisco Igea, lo tiene claro: “Cuando uno dice que gasta menos pero gasta bien porque soy un buen gestor y los resultados son buenos, esto no es así”, asegura. “Lo que demuestra el análisis del SNS es que la peor dotación o financiación se corresponde con los peores resultados”, sostiene.

El catedrático de Economía y director del Centro de Investigación en Economía y Salud de la Universidad Pompeu Fabra, Guillem López Casasnovas, cuestiona el uso del indicador de gasto sanitario per capita como factor de equidad territorial, ya que la financiación “está ponderada por grupos de edad y reconoce así necesidades distintas de salud de los territorios”, recuerda. También precisa este experto que el gasto por persona “no dice nada si se refleja en costes sanitarios superiores que soporta cada servicio de salud, por ejemplo en salarios”, y que en principio no tendrían un impacto directo en la calidad de la atención sanitaria.
No obstante, estas consideraciones, los Indicadores Clave del Sistema Nacional de Salud (SNS) que elabora el Ministerio de Sanidad ofrecen una radiografía autonómica donde las oportunidades de tratamiento y curación no son, ni mucho menos, las mismas para los ciudadanos.

Diferencias en listas de espera

El porcentaje así de pacientes que sufren una fractura de cadera y pueden ser intervenidos en las primeras 48 horas en los centros y hospitales públicos del SNS en 2015 fluctúa entre el 19,09% registrado en Asturias y el 65,32% del País Vasco, cuando la media nacional se sitúa en el 47,8%. Fernando Marco, jefe de Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología del Hospital Clínico San Carlos de Madrid, señala que “aunque siempre es delicado opinar sobre entornos clínicos que uno desconoce, creo que la cifra de programación urgente (menos de 48 horas) para el global de los pa-cientes que entran por la puerta de urgencias con una fractura de cadera debe situarse al menos en una aproximación al 30-40% de los mismos”, por lo que “cifras inferiores requerirían una reflexión sobre posible necesidad de recursos adicionales”, explica.

Lo mismo cabe decir de la tasa de reingresos hospitalarios. En este caso, Galicia, Asturias y Castilla y León presentan porcentajes por encima del 9%, frente a la tasa por debajo del 7% de Canarias, Aragón y Navarra. Son oportunidades de tratamiento y de efectividad clínica muy diferentes para los ciudadanos. Tampoco es lo mismo el porcentaje de cesáreas de los hospitales públicos del País Vasco (12,96%) que la tasa de los centros extremeños, 28,85% del total de partos. Región esta última que vuelve a presentar los peores indicadores de reingresos hospitalarios urgentes después de infarto, con un 11,21% del total de casos intervenidos, frente al 5,18% registrado por Navarra, según la síntesis de 247 indicadores que actualiza Sanidad.

Si se pone el foco en la tecnología o en los recursos asistenciales, difícilmente se puede procurar la misma atención con 2,2 camas hospitalarias en funcionamiento por cada mil habitantes en Andalucía, que con 3,8 camas de Cataluña. Ni tampoco está en condiciones de garantizar mejores tiempo de lista de espera quirúrgica Castilla-La Mancha, con 7,01 quirófanos en funcionamiento por 100.000 habitantes, que Navarra, con una red de 11,32 quirófanos por la misma franja de población. Precisamente, Castilla-La Mancha es junto con Canarias la región donde sus ciudadanos esperan más para someterse a una operación programada, con más de 177 y 179 días, respectivamente, frente a la media nacional quirúrgica de 104 días.

Un análisis más fino, hospital a hospital o por servicio, arrojaría variaciones en la práctica clínica intrarregional más importantes incluso que las registradas entre comunidades, sostiene

Diferencias en listas de espera

El porcentaje así de pacientes que sufren una fractura de cadera y pueden ser intervenidos en las primeras 48 horas en los centros y hospitales públicos del SNS en 2015 fluctúa entre el 19,09% registrado en Asturias y el 65,32% del País Vasco, cuando la media nacional se sitúa en el 47,8%. Fernando Marco, jefe de Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología del Hospital Clínico San Carlos de Madrid, señala que “aunque siempre es delicado opinar sobre entornos clínicos que uno desconoce, creo que la cifra de programación urgente (menos de 48 horas) para el global de los pa-cientes que entran por la puerta de urgencias con una fractura de cadera debe situarse al menos en una aproximación al 30-40% de los mismos”, por lo que “cifras inferiores requerirían una reflexión sobre posible necesidad de recursos adicionales”, explica.

Lo mismo cabe decir de la tasa de reingresos hospitalarios. En este caso, Galicia, Asturias y Castilla y León presentan porcentajes por encima del 9%, frente a la tasa por debajo del 7% de Canarias, Aragón y Navarra. Son oportunidades de tratamiento y de efectividad clínica muy diferentes para los ciudadanos. Tampoco es lo mismo el porcentaje de cesáreas de los hospitales públicos del País Vasco (12,96%) que la tasa de los centros extremeños, 28,85% del total de partos. Región esta última que vuelve a presentar los peores indicadores de reingresos hospitalarios urgentes después de infarto, con un 11,21% del total de casos intervenidos, frente al 5,18% registrado por Navarra, según la síntesis de 247 indicadores que actualiza Sanidad.

Si se pone el foco en la tecnología o en los recursos asistenciales, difícilmente se puede procurar la misma atención con 2,2 camas hospitalarias en funcionamiento por cada mil habitantes en Andalucía, que con 3,8 camas de Cataluña. Ni tampoco está en condiciones de garantizar mejores tiempo de lista de espera quirúrgica Castilla-La Mancha, con 7,01 quirófanos en funcionamiento por 100.000 habitantes, que Navarra, con una red de 11,32 quirófanos por la misma franja de población. Precisamente, Castilla-La Mancha es junto con Canarias la región donde sus ciudadanos esperan más para someterse a una operación programada, con más de 177 y 179 días, respectivamente, frente a la media nacional quirúrgica de 104 días.

Un análisis más fino, hospital a hospital o por servicio, arrojaría variaciones en la práctica clínica intrarregional más importantes incluso que las registradas entre comunidades, sostiene Guillem-López Casasnovas.

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